Crissthian Olivera, defensor de derechos LGTBIQ, lleva 18 años de lucha tras ser discriminado por su orientación sexual. Él llevó su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego que en diversas instancias le dijeran que su denuncia no procedía.
El pasado 24 de agosto fue escuchado en una audiencia pública por la Corte IDH sobre los hechos de discriminación por orientación sexual y expresión de género que sufrió por parte de una empresa, y posteriormente por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Poder Judicial.
“Estoy absolutamente convencido que yo no cometí ninguna infracción, ningún delito, ninguna falta y en ese sentido es que recurrí a la justicia del Perú con la esperanza que dijeran que lo que se había cometido era discriminatorio”, declaró Crissthian ante las juezas y jueces del tribunal.
También, enfatizó que en el Perú la discriminación estructural contra las personas LGTBIQ+ persiste. Además, mencionó que muchos evitan denunciar porque no quieren perder el tiempo ya que “hay mucha desconfianza hacia el sistema de justicia peruano”.
“Mi caso lo representa, yo creo que nadie quiere pasarse 18 años buscando justicia”, sostuvo.
En noviembre de 2011, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) denunció el caso ante la CIDH. En su informe de octubre de 2020, la CIDH concluyó que el “señor Olivera fue objeto de una interferencia en su vida privada y de una distinción de trato basada en las expresiones de su orientación sexual”.
Además, que “el Estado peruano tiene la responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Crissthian a la igualdad y no discriminación, vida privada, garantías judiciales y protección judicial.”
El Estado y las organizaciones copeticionarias Demus, Synergía y Líderes en Acción tienen hasta el 26 de septiembre para presentar sus observaciones finales ante el tribunal interamericano.
El 11 de agosto de 2004, Crissthian se encontraba en la cafetería del supermercado Santa Isabel, ubicado en el distrito de San Miguel (Lima), cuando a él y a su entonces pareja se les ordenó de manera abrupta e humillante cesar sus muestras de afecto en público.
“Estábamos en una actitud romántica y se acerca un personal de seguridad, varios en realidad. Se nos acusaba de estar haciéndole algún tipo de daño a los niños que estaban cerca. De que no podían ver una pareja gay, homosexual, porque eso les podría perjudicar”, detalló.
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