Unos 26 indígenas de la Amazonía peruana fueron absueltos en el proceso judicial por el crimen de once policías durante el “Baguazo”, como se conoce a la sangrienta revuelta indígena de 2009 contra los decretos que facilitaban la actividad petrolera en tierras de pueblos nativos.
La Sala Penal Liquidadora de Bagua determinó que no hay pruebas suficientes dentro del caso denominado “Estación 6″ para determinar la responsabilidad de alguno de los 26 nativos de las etnias awajún y wampís en las muertes de los agentes policiales.
El fallo fue ampliamente celebrado por los indígenas y sus familias, en un proceso que ya se ha prolongado por 13 años y que promete alargarse aún más, ya que la Fiscalía, que solicitaba cadena perpetua para los acusados, ha recurrido la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia.
En la máxima estancia nacional de Perú, la defensa de los nativos seguirá a cargo de organizaciones como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Entre los indígenas implicados hay cuatro que fallecieron durante el proceso, entre ellos uno por una herida de lanza sufrida durante el violento episodio y los otros tres por COVID-19.
Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2009, cuando alrededor de mil indígenas se dirigieron a la Estación 6 del oleoducto peruano para tomar las instalaciones petroleras, tras enterarse del enfrentamiento ocurrido en el sector denominado Curva del Diablo, donde murieron cinco civiles y 12 policías, con uno desaparecido (mayor PNP Felipe Bazán).
En el episodio de la “Curva del Diablo”, de la carretera Fernando Belaunde, a su paso por la provincia de Bagua, ya fueron absueltos por la Corte Suprema un grupo de 53 indígenas.
La “Curva del Diablo” fue el suceso más trágico del “Baguazo”, que se dio en medio de las protestas indígenas contra unos decretos legislativos aprobados entonces por el Gobierno de Alan García (2006-2011) para permitir actividades extractivas de recursos naturales dentro de los territorios de los nativos.
Según la posición de los pueblos indígenas, el Estado no estaba respetando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala se debe consultar y comunicar a las comunidades sobre cualquier norma que pueda afectar sus territorios.
Fuente: EFE
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