Tras la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el Ministerio Público informó que una mujer identificada como Iris Yolanda Quiñónez Colchado fue quien solicitó formalmente a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la entrega del cuerpo del terrorista.
En un comunicado, la Fiscalía remarcó que Quiñónez Colchado presentó un poder escrito otorgado por Elena Iparraguirre Revoredo, esposa de Abimael Guzmán, para que se le entregue el cadáver del genocida, lo cual será evaluado por las autoridades judiciales.
La pregunta que surge es: ¿Quién es Iris Yolanda Quiñónez Colchado? De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ella es conocida como ‘Bertha’ y es acusada de participar en el asesinato del coronel PNP Manuel Tumba Ortega, integrante de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), perpetrado el 5 de noviembre del 1992.
“La camarada ‘Bertha’ (Iris Quiñónez Colchado) mando militar y el camarada ‘Jacinto’ (no identificado) fueron los encargados de elaborar el plan operativo táctico, la organización del destacamento especial y la ejecución de la acción”, se indica en el documento.
El 21 de agosto de 1993, agentes de la Policía capturaron a varios presuntos terroristas, entre ellos Quiñones Colchado. Ella fue sentenciada a cadena perpetua en tres instancias por tribunales militares por el crimen del coronel PNP Manuel Tumba Ortega. Sin embargo, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, a Sala Nacional de Terrorismo declaró nulas las actuaciones y resoluciones de la Justicia Militar y ordenó que se realice un nuevos procesos
La Sala Penal Nacional condenó, el 22 de mayo del 2006, a Quiñónez Colchado a 28 años de prisión por el delito de terrorismo. Sin embargo, el 15 de agosto del 2007, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró nula dicha sentencia y, al verificarse el plazo de 36 meses previstos por la ley para la detención preventiva, se determinó que la medida restrictiva ya había vencido, por lo que fue liberada.
El 13 de abril del 2020, Quiñónez Colchado firmó un documento enviado por las denominadas “prisioneras políticas” al entonces presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, para que se mejoren las condiciones carcelarias ante la pandemia del COVID-19.
El abogado Carlos Caro indicó que Quiñónez Colchado tendría que presentar, además de la carta poder escrita por Elena Iparraquirre, un poder notarial a fin de que “el juez que controla la ejecución autorice el acto notarial”. En caso eso no ocurriera en 36 horas, le corresponderá al Estado decidir.
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