Como parte de las propuestas que buscan compensar económicamente a las familias de los afiliados al sistema nacional de pensiones (SNP) afectadas por la pandemia, a finales del mes de junio la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que contiene varias medidas encaminadas hacia ese objetivo.
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Como parte de las disposiciones complementarias que forman parte del conjunto de iniciativas que obtuvieron luz verde en este grupo de trabajo parlamentario, se aprobó el “bono dignidad”.
¿En qué consiste? Se trata de una compensación económica de S/1,860 que será entregado a dos grupos en específico.
Según la primera disposición complementaria de la propuesta legislativa, bajo la figura de “subsidio monetario” será entregado por “única vez” de manera “excepcional” a “aquellos hogares que tengan entre sus miembros, al menos, un afiliado al SNP”.
Mientras que de manera adicional, y según lo establece la según disposición complementaria del proyecto de ley, el “bono dignidad” también será entregado –bajo la figura de “bonificación extraordinaria”– en favor de los pensionistas y sus beneficiarios.
Dicho bono será adicional al monto de las pensiones que reciben mensualmente y sería entregado un mes después de que se apruebe la propuesta.
A pesar de que la iniciativa legislativa, presentada en el mes de abril por la congresista María Teresa Céspedes del grupo parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), ha encontrado eco en la Comisión de Presupuesto, las opiniones en contra de lo que propone no se han hecho esperar.
En oficio remitido al Congreso, la Defensoría del Pueblo ha sugerido “la no aprobación de los proyectos que suponen el otorgamiento de mayores derechos y/o beneficios a las personas afiliadas y pensionistas del SNP”.
Según refiere la Defensoría, “los congresistas proponentes no tienen iniciativa de gasto público”, en tal sentido se muestran en contra de las pretensiones del proyecto de “ley que establece medidas a favor de los afiliados del sistema nacional de pensiones a fin de aliviar la economía familiar”.
Y, debido a que en la Comisión de Economía se aprobó un proyecto que reúne –en parte– las propuestas de la Comisión de Trabajo, ambos grupos de trabajo trabajarían en un texto consensuado en beneficio de los jubilados y afiliados al SNP, antes de que su debate llegue al Pleno.
¿Cuándo? Aunque no hay una fecha definida, se sabe que el Congreso culminará su cuarta legislatura extraordinaria el próximo viernes 16 de julio. De encontrar eco en el Pleno, la norma pasaría a manos del Poder Ejecutivo, que tendrá la potestad de decidir si la aprueba o la observa, según lo considere el presidente Francisco Sagasti y su gabinete presidido por Violeta Bermúdez.
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