A este Búho le parece auspicioso el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre la creación del Comando Unificado de lucha contra el crimen, porque integra a policías y militares, además de otras instituciones públicas y privadas. Demuestra, al menos en el papel, que en el gobierno están conscientes de que el problema de la delincuencia no solo es de la Policía y buscan afrontarlo de manera más amplia. También se ve más decisión de Keiko, pero esto recién comienza. Este columnista es un desconfiado profesional y por eso vamos paso a paso.
MAYOR PESO MILITAR. El Comando Unificado tendrá su base de operaciones en el ‘Pentagonito’, que es el Cuartel General del Ejército, y eso dice mucho del papel que tendrán los militares. Una parte crucial del pedido de facultades al Congreso era ampliar el rol de los soldados en la guerra contra la delincuencia, pero se lo negaron. Por citar un caso, para que ingresen a las cárceles a ejercer control. Pese a ello, el gobierno tiene otras salidas, otras armas, aunque no son las ideales, y debe emplearlas.
La Policía hace tiempo ha sido desbordada por el hampa y sería tonto y negligente desaprovechar a los efectivos, la inteligencia, las armas y la logística militares. Otro aspecto para darse una idea del peso que los soldados tendrán en este comando es que solo basta ver que será integrado por más de mil, mientras que los policías son 320. Hay expectativa por ver exactamente qué encargos realizarán los soldados.
LAS TELECOMUNICACIONES. En esta lucha serán claves las empresas de telecomunicaciones y las unidades de inteligencia financiera. Las compañías telefónicas, siempre dentro del margen de la ley, deben dar apoyo decidido a la Policía sobre números telefónicos, ubicación y demás información que permita cercar a los criminales. Ya es tiempo que dejen de vender chips telefónicos como si fueran canchita.
Debe haber un compromiso real de estas empresas y el gobierno tiene que asegurarse de que así lo hagan. Las unidades de inteligencia financiera deben hacer un trabajo mucho mejor que el realizado hasta ahora.
Solo el oro ilegal el año pasado movió más de doce mil millones de dólares en el país, una cifra descomunal, y mucho de ese dinero tiene que haber sido bancarizado. La pregunta es por qué no fue detectado por los organismos pertinentes que sí escrutan y persiguen a ciudadanos comunes por pequeñas cantidades.
LOS FISCALES Y JUECES. En el escenario ideal de que el Comando Unificado comience a dar frutos en poco tiempo y capture a integrantes de organizaciones criminales, muy poco servirán esos logros si la Fiscalía y el Poder Judicial siguen actuando como hasta ahora, liberando con pasmosa facilidad a peligrosos criminales que vuelven a seguir extorsionando y asesinando. Hay incontables ejemplos de esto. Ya sea porque estos magistrados son amenazados o porque son comprados, o ambas cosas.
En cualquier caso, se muestran sospechosa y exageradamente garantistas con los derechos de los criminales. Debe haber una coordinación con los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público para establecer los mecanismos de control necesarios, dentro del margen de la ley, y que estos casos no se repitan. Y los delincuentes que llegan a recibir prisión preventiva o a ser condenados no pueden seguir operando en los penales como si estuvieran en libertad.
Se debe impedir el uso de celulares, de internet e incomunicar a los cabecillas, pero para hacerlo se debe reorganizar el INPE o privatizar la administración de los penales. No queda otra salida.
EXPULSIÓN DE CRIMINALES EXTRANJEROS. Gracias al chavismo, varios países de Latinoamérica y hasta Estados Unidos se han visto invadidos por los más sanguinarios delincuentes venezolanos. La violencia de estas alimañas es tanta que para ellos descuartizar personas es lo más común. Por ellos, para evitar que los arrasen y poder subsistir, los hampones peruanos se han vuelto más crueles.
La presidenta Fujimori ha prometido expulsarlos del país. Hacerlo no es tan fácil porque se debe lograr que el país del que provienen los acepte, pero no es una tarea imposible. Se debe aprovechar ahora que la mandataria venezolana encargada Delcy Rodríguez está haciendo méritos con Donald Trump para que no la saque del poder.
El gobierno debe insistir y crear mecanismos para que acepten a sus asesinos de vuelta y encerrarlos en sus cárceles. Nuestras prisiones están hacinadas y no tenemos dinero ni espacio para mantenerlos.
VIGILAR LAS FRONTERAS. Muy poco servirá capturar a delincuentes extranjeros y expulsarlos del país, si más criminales siguen entrando sin control al Perú por nuestras fronteras. Es la puerta giratoria. Vivimos un Estado de emergencia debido a la delincuencia, estamos en guerra contra este flagelo que amenaza nuestras vidas y el desarrollo económico del país, así que no podemos seguir con las medidas de siempre.
Se deben vigilar las fronteras, sobre todo por donde hay más flujo migratorio y sus pasos cercanos. Hay que reforzar la presencia policial y militar en esas zonas donde deben establecerse de manera permanente. De nada sirve vigilar esos puntos durante dos o tres meses y luego dejarlos como siempre. Al día siguiente tendremos una avalancha de hampones que ingresarán libremente.
Deberían endurecerse las penas para los delincuentes sentenciados y prófugos de la justicia que buscan ingresar al Perú de manera ilegal. No tendría que ser considerado solo una infracción, como es hoy. Debería tener pena de cárcel efectiva, repito, solo para los criminales que hayan sido condenados. Apago el televisor.
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