Este Búho reflexiona sobre la desgracia que está viviendo el país con las sangrientas extorsiones. Nunca antes la delincuencia y toda su violencia asesina habían puesto en jaque a todo el Perú. Esta grave situación es comparada solo con las épocas del terrorismo demencial de Sendero Luminoso en los años ochenta e inicios de los noventa.
Los jóvenes de las redes no lo saben, pero eran épocas oscuras en que los peruanos vivíamos con el temor permanente de salir de casa y ya no volver jamás por culpa de un ‘coche-bomba’ cargado con 300 kilos de dinamita. En el paradero, en el cine, en cualquier esquina, te podían hacer volar en pedazos.
Ahora los malditos extorsionadores ya cruzaron todos los límites imaginables porque se están metiendo con lo más sagrado que tenemos, que son nuestros niños. Estas bestias balean y dinamitan colegios, aún en horarios de clases y con alumnos presentes. Se meten a las clases virtuales, como pasó en el colegio Pitágoras de Los Olivos, y amenazan con matar a los profesores si siguen enseñando.
Lo más increíble es que, ante este estado de cosas brutal, alucinante, indigno de cualquier país civilizado, las autoridades muestran una escalofriante tranquilidad. Parece que para ellos lo que está pasando es ‘normal’. No se conmueven. ¿Qué clase de personas son estas que tenemos en el poder?
La presidenta Boluarte anda más preocupada en lucir costosos relojes y sacarse las bolsas de los ojos a cambio de favores para el médico que la opera. Su grado de frivolidad es tremendo. Porque las extorsiones comenzaron a arreciar cuando Pedro Castillo llegó al poder junto con ella que era su vicepresidenta y ministra. Desde hace años sabe muy bien lo que estaba pasando y ahora no puede decir que así encontró el país cuando se sentó en el sillón de Pizarro. Todos los días asesinan a peruanos inocentes, pero para la señora hay cosas más importantes como mejorar su apariencia.
El nuevo ministro del Interior, Julio Díaz, quien tiene denuncias por corrupción, simplemente deja en visto los mensajes de la Asociación Nacional de Colegios Privados que le pide reunirse para tratar el tema de los salvajes ataques que vienen sufriendo los centros educativos.
Las desesperadas madres de familia del colegio Pitágoras, al borde del llanto porque temen que maten a sus pequeños o a ellas mismas, piden desde inicios de semana que vayan militares a prestar seguridad, pero no les hacen caso. Por qué el ministro Díaz no va a esa zona con soldados y policías, y dispone que se queden en el lugar para proteger a los niños. Obviamente, eso no va a solucionar el problema, pero dará mayor tranquilidad a los padres y quedaría claro el mensaje de que se actúa rápido.
La violencia delincuencial que estamos viviendo es tal que miles de peruanos, sobre todo jóvenes, se están yendo del país espantados porque temen ser asesinados por algún asaltante, secuestrador o extorsionador. El gobierno debe tomar medidas radicales, drásticas, si quiere tener algún éxito en esta guerra.
Este columnista lo viene diciendo desde hace algún tiempo. Lo primero es comenzar a construir de inmediato una o dos megacárceles de máxima seguridad en la puna más alejada. Puede ser Challapalca o alguna zona similar.
Y no digan que no hay plata, cuando el gobierno solo a fines de año aprobó un nuevo crédito de 750 millones de dólares, o sea unos 2 mil 800 millones de soles para Petroperú, esa empresa estatal que solo da pérdidas y en la que hay una especie de casta que cobra suculentos sueldos. Plata hay, solo falta decisión y voluntad. Lo otro es dar más presupuesto a la Policía, especialmente para labores de inteligencia.
Los jueces y fiscales tienen que ponerse en vereda y no soltar a delincuentes reincidentes tan fácilmente. Todo aquel que porta un arma sin permiso es para delinquir y debe ser encerrado varios años. Las requisas deben ser diarias en todos los penales, pero tienen que hacerse con apoyo de militares. Muchas extorsiones, secuestros, asesinatos y otros graves delitos son dirigidos desde las prisiones.
Los reos por delitos violentos deben ser aislados de los demás y salir al patio solo media hora a la semana. No me vengan con los derechos humanos de estas lacras que matan, descuartizan y encima se graban. La presidenta Boluarte está obligada por la Constitución y moralmente a ejercer el poder que ostenta para gobernar en bien de la población. La gente está indignada por la inseguridad, más de lo que la mandataria cree, y debe hacerse algo rápido. Apago el televisor.
Contenido GEC