Este Búho recibe el correo de una joven y perspicaz lectora: “¿Qué está pasando en Latinoamérica? El país aparentemente más próspero y estable, en términos económicos, de la región, Chile, sufre violentas jornadas de protesta por mucho más que un alza del pasaje en el metro, que en algunas zonas se ha transformado en violencia salvaje y delincuencial y terminó por postrar al soberbio presidente Sebastián Piñera, quien pidió ‘perdón’. El ‘moderno’ Chile parece sumido en una salvaje guerra civil”. ¿Puede pasar lo mismo en nuestro país?
LAS PROTESTAS ‘TUMBA GOBIERNOS’: Este columnista piensa que el Perú es uno de los países más centralistas de Latinoamérica. Y en situaciones de rebeliones o revueltas, ese centralismo puede salvar o hundir al gobernante de turno. Por ejemplo, se han suscitado en los gobiernos con Toledo, Alan, Ollanta, PPK y el mismo Vizcarra, enfrentamientos con víctimas tanto entre los protestantes como en las fuerzas del orden, en medio de toma de ciudades o saqueos, como ocurrió en Tambo, Camaná y hasta Arequipa por ‘Tía María’ y en ‘Las Bambas’, en Apurímac. ¿Acaso en Bagua los indígenas no tomaron la ciudad y asesinaron a un indeterminado número de policías? Solo que no tuvieron la fuerza de alcanzar a Lima y poner en jaque al presidente como lo hicieron sus pares en Ecuador. Aquí los conflictos no llegan tan amplificados a Lima. Los únicos conflictos sociales que causaron una verdadera conmoción en las esferas del poder, en la economía y la política del país, ocurrieron en la capital.
Revueltas muy similares a las que se han vivido en Santiago de Chile. Veamos:
1) El 5 de febrero de 1975, cuando una huelga policial generó una violenta represión militar que atacó con tanques a los custodios atrincherados, lo que ocasionó las violentas jornadas de protesta civil en un Centro de Lima desguarnecido, donde extremistas incendiaron el diario estatizado Correo y buscaron quemar más locales de medios. A su vez, delincuentes y hordas llegadas de zonas marginales procedían a saquear los comercios del centro de la ciudad. El saldo, de decenas de muertos, nunca fue oficializado. ¿Consecuencias? La decisión de un grupo de generales de dar un golpe militar al general Juan Velasco, ya enfermo, para reemplazarlo por Francisco Morales Bermúdez, cuatro meses después.
2) El ‘Paro Nacional’ del 19 de julio de 1977. Una huelga de trabajadores (CGTP) y maestros (Sutep) sintonizó con las protestas contra las alzas de un ‘paquetazo’. Los reclamos de los miles de asentamientos humanos por servicios básicos y contra los encarcelamientos, deportaciones de líderes y cierres de publicaciones independientes que reclamaban democracia, paralizó totalmente al país y, sobre todo, a la capital. ¿El resultado? El gobierno militar se vio obligado a convocar inmediatamente a la elección de una Asamblea Constituyente para el siguiente año, como paso a elecciones libres para dejar el poder.
LA ANTICORRUPCIÓN APAGÓ INCENDIOS: Desde el gobierno de Alejandro Toledo para adelante hubo un significativo crecimiento de nuestra economía, se redujo en niveles considerables la pobreza y se dio, como cosa inédita, el crecimiento de una nueva ‘clase media’, surgida en vastos sectores donde antes se asentaban segmentos calificados como ‘pobres’. Esta situación generó también la aparición de grandes centros comerciales modernos y lujosos en las antes deprimidas zonas del norte y sur de la ciudad. Modernización también del transporte público: Metropolitano, Metro de Lima y corredores viales.
Sin embargo, el nefasto ‘pulpo’ de la corrupción y sus decenas de tentáculos, en tiempos en que el crecimiento de la economía empezaba a desacelerarse, hicieron dar la impresión de que ingresábamos a una crisis política y social peligrosa, azuzada por los conflictos entre el Ejecutivo y una mayoría del Congreso, tóxico y suicidamente obstructivo. También estaban los caciques provincianos ‘antimineros’, que intentaban ‘prender la chispa de las revueltas’. Felizmente, en su abanico de errores, a Vizcarra se le debe reconocer que apoyó la lucha anticorrupción encarnada en un puñado de fiscales y jueces valientes que se convirtieron en una implacable aplanadora justiciera para que, por primera vez en nuestra historia, se investigara a cuatro expresidentes por la corrupción de Odebrecht.
Pero que nadie se confíe. Después de lo ocurrido en Chile, por ejemplo, me parece insensato que alguien siga batallando por reabrir un Congreso para que regresen Becerril, Arimborgo, Vilcatoma, Mamani, Mulder y compañía, quienes son repudiados por la población. El ejemplo sureño o norteño podría ser peligrosamente contagioso. Apago el televisor.
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