El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia rechazar los pedidos para levantar su sigilo en las redes sociales e impedir su participación en las mismas, efectuados por la comisión del Senado que investigó la gestión del Gobierno frente a la COVID-19.
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El requerimiento, enviado al Supremo por la Abogacía General del Estado (AGU), calificó el pedido de los senadores de “ilegal” y “arbitrario”, y enfatizó que el presidente de la República no puede ser investigado en el ámbito de una comisión parlamentaria.
El pedido para quebrar el sigilo telemático de Bolsonaro y bloquear su acceso a las redes sociales fue realizado en el último día de sesiones de la comisión que investigó la actitud del Gobierno frente a la pandemia en el país y que acusó al mandatario de “crímenes contra la humanidad” y otros ocho delitos.
La comisión exigió la suspensión de Bolsonaro de todas las redes sociales por tiempo indeterminado después de que el mandatario insinuara el jueves pasado, durante una transmisión, que quienes se vacunan contra la COVID-19 corren el riesgo de contraer sida.
El líder ultraderechista hizo el comentario durante la transmisión que realiza los jueves en vivo por Facebook y que luego es publicada en las redes sociales del mandatario.
El tenor del comentario de Bolsonaro llevó a que Facebook e Instagram retiraran el video y a que Youtube suspendiera el perfil del mandatario durante siete días.
En la acción instaurada este miércoles, la AGU recalcó que los derechos de Bolsonaro fueron revertidos y pidió que la solicitud de la comisión de bloquear el acceso del presidente a las redes sociales sea considerada ilegal.
“Es importante señalar que el peticionario (Bolsonaro) ni siquiera participó en la comisión como testigo. Y no podía ser diferente, ya que el Presidente de la República no puede ser investigado en el ámbito de los CPI ni de ninguna otra Comisión Parlamentaria”, dice el texto enviado por la AGU al Supremo.
El magistrado Alexander de Moraes, encargado del tema en el Supremo, solicito a la Fiscalía un parecer sobre la petición de la comisión parlamentaria.
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