Jackson Mora culminó el periodo de siete días de detención preliminar dictado en el marco de la investigación del caso Los Arquitectos del Fraude, en el que la Fiscalía lo señala como presunto integrante de una organización criminal vinculada al fraude informático. Tras el vencimiento del plazo, las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para definir la situación legal de los implicados.
De acuerdo con la información oficial, Mora ha rechazado de manera categórica las acusaciones formuladas por el Ministerio Público desde el inicio de la investigación. El empresario, además conocido por haber sido esposo de la modelo Tilsa Lozano, sostiene su inocencia frente a los delitos que se le atribuyen.
Como parte del procedimiento judicial, Jackson Mora y otros once investigados fueron trasladados a la sede de Medicina Legal, en el Cercado de Lima, donde se les practicaron los exámenes médicos de rutina antes de concluir la medida de detención preliminar.
Fue en ese momento en donde Mora tuvo un corto periodo de tiempo para responder las preguntas de la prensa. Cuando le preguntaron si estaba vinculado a Los arquitectos del Fraude respondió: “No, soy inocente”
Horas más tarde, efectivos de la Policía Nacional condujeron al grupo hacia una sede del Ministerio Público en el distrito de La Molina. Posteriormente, todos fueron trasladados a la unidad de flagrancia delictiva de San Juan de Lurigancho, donde continuarán las actuaciones del proceso penal.
Según la hipótesis fiscal, la organización habría ejecutado un desvío de más de nueve millones de soles desde las cuentas de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha. El dinero, de acuerdo con la investigación, terminó depositado en las cuentas bancarias de la empresa FFC MMA S.A.C.
Las pesquisas señalan que dicha empresa era administrada por los hermanos Mora y que Jackson Mora ocupó el cargo de gerente general hasta que su hermana, Noelia Mora, asumió formalmente esa función.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por el alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, quien aseguró que personas vinculadas a la presunta organización se presentaron como trabajadores de una congresista con el objetivo de ofrecer apoyo para agilizar un proyecto de agua y saneamiento en el distrito.
Según la Policía, mediante ese presunto engaño los investigados obtuvieron el documento nacional de identidad del alcalde y las credenciales de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Con esa información, habrían realizado la transferencia de más de nueve millones de soles hacia la cuenta de la empresa FFC MMA S.A.C., hecho que es materia de investigación por parte del Ministerio Público.
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