Jackson Mora culminó el periodo de siete días de detención preliminar dictado en el marco de la investigación del caso Los Arquitectos del Fraude, en el que la Fiscalía lo señala como presunto integrante de una organización criminal vinculada al fraude informático. Tras el vencimiento del plazo, las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para definir la situación legal de los implicados.
De acuerdo con la información oficial, Mora ha rechazado de manera categórica las acusaciones formuladas por el Ministerio Público desde el inicio de la investigación. El empresario, además conocido por haber sido esposo de la modelo Tilsa Lozano, sostiene su inocencia frente a los delitos que se le atribuyen.
Como parte del procedimiento judicial, Jackson Mora y otros once investigados fueron trasladados a la sede de Medicina Legal, en el Cercado de Lima, donde se les practicaron los exámenes médicos de rutina antes de concluir la medida de detención preliminar.
Fue en ese momento en donde Mora tuvo un corto periodo de tiempo para responder las preguntas de la prensa. Cuando le preguntaron si estaba vinculado a Los arquitectos del Fraude respondió: “No, soy inocente”
Horas más tarde, efectivos de la Policía Nacional condujeron al grupo hacia una sede del Ministerio Público en el distrito de La Molina. Posteriormente, todos fueron trasladados a la unidad de flagrancia delictiva de San Juan de Lurigancho, donde continuarán las actuaciones del proceso penal.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal habría desviado más de nueve millones de soles de las cuentas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha. De acuerdo con las investigaciones, el dinero terminó depositado en las cuentas bancarias de la empresa FFC MMA S.A.C., operación que ahora es analizada por las autoridades.
Las diligencias fiscales apuntan a que dicha empresa era administrada por los hermanos Mora. Asimismo, se estableció que Jackson Mora se desempeñó como gerente general de la compañía hasta que ese cargo fue asumido formalmente por su hermana, Noelia Mora Rodríguez.
El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por el alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, quien afirmó que personas presuntamente vinculadas a esta red se acercaron a él haciéndose pasar por trabajadores de una congresista. Según su versión, el propósito era ofrecer apoyo para acelerar un proyecto de agua y saneamiento destinado al distrito.
De acuerdo con la Policía, a través de ese presunto engaño los investigados lograron obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) del burgomaestre, así como las credenciales de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Con esa información, habrían realizado la millonaria transferencia a favor de la empresa FFC MMA S.A.C., maniobra que forma parte de la investigación fiscal.
Como parte de las diligencias, las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada uno de los implicados y determinar cómo se ejecutó el presunto fraude. Además, continúan recopilando pruebas documentales y pericias financieras para esclarecer el recorrido del dinero y definir las responsabilidades penales de los investigados.
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