Como parte de la investigación al presidente de la FPF, Agustín Lozano, por organización criminal, la Corte Superior Nacional de Justicia ha ordenado a clubes de la Liga 1 y a la ADFP a entregar los contratos con el Consorcio Gol Perú.
En la resolución N° 00056-2023-1-5001-JR-PE-01, El Poder Judicial solicita que se cumpla el “pedido de exhibición de los contratos suscritos por la Asociación deportiva de fútbol profesional o por los clubes con GOL TV Latinoamérica SAC, relacionados con los derechos de transmisión de la liga 1-2023″.
El objetivo de este pedido es esclarecer si la FPF incurrió en delito de coacción contra los clubes para obligarlos a firmar documentos que atenten contra sus obligaciones pactadas con el Consorcio, como lo pueden ser las cláusulas de preferencia.
“Dilucidar si efectivamente los investigados incurrieron en actos de extorsión y/o coacción para la firma de documentos que favorecen a la Federación Peruana de Fútbol, a pesar de tener contratos vigentes como se ha señalado en acto oral”, añade el documento.
El abogado de la FPF en este caso, Carlos Caro, pese a lo que muchos podrían pensar, tomó con agrado esta decisión ya que, según explica, esto expondrá si los clubes cumplían con el 10% de los contratos para la FPF.
Cabe recordar que, antes de la implementación del modelo asociativo con 1190 Sports, los clubes tenían la potestad de firmar con Gol Perú si le daban el 10% de lo que se pagaba por derechos de televisión a la FPF. La Federación señalaba que no conocía si este 10% llegaba en su totalidad ya que nunca vieron los contratos, solo la declaración jurada que enviaban los clubes.
“Por fin, el Poder Judicial ordena a todos los clubes de la Liga1 y a la ADFP la exhibición y entrega de todos los contratos celebrados con Gol Perú para la transmisión de la Liga1-2023. Ahora podremos conocer cuáles son los términos y pagos acordados, en perjuicio de los derechos de transmisión que pertenecen a la FPF”, publicó Caro.
“Si los clubes o la ADFP no cumplen esta orden, podrían incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad, encubrimiento y obstrucción a la justicia. Asimismo, Fiscalía podría pedir allanamientos e incautaciones de documentos hasta conseguir estas pruebas. Esta decisión judicial es firme, cosa juzgada, no es impugnable”, añadió.
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