A pocos días de culminar el 2020, recordamos las noticias que dieron que hablar durante este año como la la deflagración en Villa El Salvador, las manifestaciones en Lima, la muerte de la campeona de lucha libre Janette Mallqui Peche, las largas colas en la campaña de vacunación contra la difteria, entre otros casos.
El 23 de enero, un incendio producido por la deflagración de un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) en Villa El Salvador dejó 34 personas fallecidas y más de 20 heridas. Ante esto, el conductor de la unidad de la empresa Transgas LG, Luis Guzmán Palomino (72), se entregó a la policía y el Ministerio Público solicitó 9 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de homicidio culposo. Sin embargo, el 27 de enero, el Poder Judicial declaró infundada la solicitud.
Por otro lado, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señaló que la empresa Transgas LG logró su autorización luego de cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), pero que tras lo sucedido la entidad suspendió el registro e inició el procedimiento de sanción contra la empresa.
Asimismo, Osinergmin indicó que el origen de la fuga fue el impacto del vehículo con el pronunciado desnivel de la pista, el cual no pudo ser controlado por los mecanismos de seguridad debido a que la válvula interna del tanque se encontraba abierta y sujetada con un elemento metálico adicionado; es decir un gancho.
En ese sentido, la Fiscalía Especializada en Tránsito y Seguridad Vial de Lima Sur citó al gerente general de la empresa Transgas, Luis Guzmán Escriba (hijo del conductor del camión Luis Guzmán Palomino), a funcionarios y exfuncionarios del Osinergmin. También se citó al alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, y al burgomaestre de Villa El Salvador, Kevin Yñigo, por la falta de mantenimiento de las pistas. A más de 10 meses de lo ocurrido, las investigaciones continúan y no hay culpables.
Margarito Machacuay, conocido como el hombre más alto del Perú, murió la madrugada del 21 de abril en el hospital Guillermo Almenara, ubicado en el distrito de La Victoria. De acuerdo con los médicos, su estado de salud se encontraba muy afectado debido a un accidente que sufrió meses atrás.
En octubre del año pasado, sufrió un accidente en la ciudad de Bagua Grande (Amazonas) que le provocó una fractura en el fémur. Debido a esta lesión, Margarito fue trasladado a Lima y estuvo internado en el Almenara por varias semanas, pero en febrero de este año, Machacuay ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nosocomio, luego de sufrir una insuficiencia respiratoria aguda descompensada, lamentablemente semanas después falleció.
Margarito Machacuay de 55 años y 2.26 metros de altura, se hizo conocido a comienzos de la década de los 90′ y fue parte del mundo del espectáculo, luego se apartó cuando le detectaron artrosis.
El 15 de mayo, Jannette Velly Mallqui Peche, representante peruana en lucha libre, fue encontrada sin vida en el hostal Bohemia, en Bellavista (Callao), que funcionaba en pleno toque de queda. La necropsia indicó que la deportista fue asesinada de un golpe en la cabeza, el cual le causó una hemorragia en el cerebro.
El Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Eduardo Barboza Márquez, quien estaba prófugo, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio, debido a que este ingresó con Mallqui Peche al hostal la mañana de jueves 14 de mayo y permaneció ahí doce horas. Luego se retiró solo del lugar con el celular de la deportista.
El pasado 26 de mayo, la Policía Nacional capturó en Comas a Eduardo Barboza Márquez y, el 4 de junio, el Poder Judicial ordenó 8 meses de prisión preventiva en su contra. La fiscalía sostuvo que, de confirmarse su responsabilidad en el crimen, este podría recibir una sentencia no menor de 20 años por el delito mencionado.
El 7 de julio fue inaugurado el Puente de la Amistad, ubicado sobre la Bajada de San Martín, en el límite de los distritos de Miraflores y San Isidro, con la presencia de los alcaldes Jorge Muñoz (Lima) y Luis Molina (Miraflores); sin embargo, no estuvo presente en burgomaestre de San Isidro, Augusto Cáceres.
Ambos alcaldes, el de Lima y Miraflores, lamentaron el retraso de la obra en la parte de San Isidro, debido a que Cáceres no habría respetado la idea original del proyecto, la cual era la unión de los malecones de Miraflores con el de San Isidro a través de una ciclovía que debía atravesar el Parque Ecológico, el cual fue cerrado con rejas.
Tras este hecho, Cáceres señaló que en 35 días culminaría la parte que le correspondía del Puente de la Amistad y sobre las rejas del parque ecológico, sostuvo que se abriría de manera parcial para el paso de ciclistas y peatones. En ese sentido, el pasado 14 de agosto, el burgomaestre de San Isidro abrió el tramo de la ciclovía que completa el recorrido que conecta al Parque de la Amistad.
En Cercado de Lima, el 26 de julio, un menor de dos años falleció tras caer a un pozo –de metro y medio de profundidad- en un parque de la urbanización Roma. Aquel día, durante varias horas de arduo trabajo, los bomberos sacaron el cuerpo del pequeño e indicaron que la maleza y césped impidieron ver el orificio del pozo.
El Ministerio Público abrió investigación preliminar por un plazo de 30 días a fin de dar con los responsables, ya sean funcionarios de organismos públicos, privados o de terceras personas por mantener un pozo sin tapa. Ante esto, la Municipalidad de Lima y Sedapal mantuvieron versiones contradictorias respecto a la propiedad del pozo.
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, explicó que existen dos pozos en la zona donde ocurrió el accidente, uno de ellos sí fue evaluado por Sedapal en marzo del presente año y no se reportaron anomalías. Mientras que, el segundo pozo donde cayó el menor no estaba registrado por ninguna entidad. En ese sentido, sostuvo que la culpabilidad no le correspondía a la comuna limeña; sin embargo, comentó que continuará colaborando con las investigaciones. Hasta la fecha, la familia sigue exigiendo justicia debido a que no hay culpables por el deceso del menor.
El 26 de septiembre, Pedro David Pérez Miranda, de 60 años, conocido como ‘Peter Ferrari’, falleció en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador (HEVES) a consecuencia del nuevo coronavirus (COVID-19). De acuerdo con el mencionado nosocomio, el 25 de agosto ingresó al hospital por un compromiso pulmonar severo del 75% y el 3 de septiembre fue trasladado a la Unidad de Cuidados Críticos (UCI), donde días después partió.
‘Peter Ferrari’, salió en libertad el pasado 5 de junio del presente año del penal de Cochamarca en Cerro de Pasco, donde estaba recluido por el presunto delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal. En el 2013, el Ministerio Público abrió una investigación contra ‘Peter Ferrari’ por un presunto envió de 213 kilos de oro que fue incautado en Aduanas.
Posteriormente, en 2017 se le incautaron diversos inmuebles y vehículos que habrían sido adquiridos con dinero ilegal. Luego, la Fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra por el delito de lavado de activos en agravio al Estado, por lo que fue recluido en el penal Ancón I y luego pasó al Centro penitenciario Cochamarca, de donde salió en libertad el pasado 5 de junio del 2020.
El 23 de octubre, agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público realizaron una operación de allanamiento en diversas viviendas, una de ellas la del cantante José María Palacios, más conocido como ‘Chacalón Jr.’, en el marco de una investigación a una presunta organización dedicada a la trata de personas.
La fiscal especializada en Trata de Personas, Miluska Romero Pacheco, indicó que la orquesta “La Nueva Crema”, liderada por José María Palacios, habría captado y retenido a menores de entre 9 y 17 años para prostituirlas. En esa línea, la representante del Ministerio Público reveló que ‘Chacalón Jr.’ contaba con la complicidad de agentes policiales que cubrían sus delitos a cambio de mantener relaciones con las menores de edad que manejaba.
Tras lo sucedido, José María Palacios negó todos los hechos e indicó que era inocente. Añadió que las pesquisas que habría usado la fiscalía sería información de redes sociales y, ante esto, él aseguró que han creado cuentas falsas con su nombre. El Ministerio Público pidió la detención preliminar para Chacalón Jr. y otros implicados; sin embargo, fue desestimada por el juez.
El 26 de octubre, la fiscalizadora del distrito de Jesús María, Karina Matos, fue atropellada en el cruce de las avenidas Salaverry y Rebagliati por un bus de transporte público que era conducido por Raúl Jhonny Borja Matos. El conductor fue detenido en flagrancia, pero luego fue puesto en libertad
En tanto, a la fiscalizadora de Jesús María le amputaron la pierna izquierda, pues había quedado prácticamente destrozada en el accidente.
Ante esto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) suspendió la habilitación del ómnibus con placa de rodaje AOU-793, que forma parte de la flota autorizada de la Empresa de Transporte 41 S.A. La entidad añadió que esta medida estará vigente mientras duren las investigaciones que la fiscalía realiza sobre el accidente. Hasta la fecha, la familia de la víctima continúa exigiendo justicia, pues no se ha determinado responsabilidad a nadie.
El 27 de octubre, el choque de una camioneta y un mototaxi, ocurrido en el cruce de las avenidas Los Faisanes y Guardia Peruana, en Chorrillos, ocasionó la muerte de un hombre y un niño de 7 años.
En el mototaxi viajaba una mujer y su hijo con dirección a su casa, pero en el trayecto fueron embestidos por una camioneta de placa BCY-618, conducido por José Luis Vílchez Farfán, de 39 años, quien estaba en estado de ebriedad, según la Fiscalía. El impacto ocasionó la muerte instantánea del conductor del mototaxi, Percy Pérez Apaza, de 36 años, y del menor de 7 años.
Tras lo sucedido, el 2 de noviembre, el Poder Judicial ordenó meses de prisión preventiva para Vílchez Farfán por el delito de homicidio culposo agravado y lesiones culposas graves en agravio de las víctimas mortales.
El 30 de octubre una niña de 5 años falleció en el Hospital Dos de Mayo tras ser diagnosticada con difteria. Este caso fue el primero en Lima en 20 años, según lo confirmó el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Suárez, quien señaló que la familia de la menor también fue contagiada por esta enfermedad.
Esto provocó mucha preocupación entre la ciudadanía. En ese sentido, Luis Suárez indicó en una conferencia de prensa que el sábado 7 y domingo 8 de noviembre se realizaría la segunda Jornada Nacional de Vacunación contra la difteria y otras enfermedades para todas las personas. Añadió que la vacuna contra el mencionado mal se debía aplicar cada 10 años, información que alarmó más a las personas.
El sábado 7 de noviembre, se formaron largas colas y desorden en diferentes puntos debido a que todas las personas querían recibir la dosis. Minutos después, el panorama empeoró ya que algunos de los asistentes manifestaron que el personal de salud le indicó que la vacuna contra la difteria solo sería para menores de edad y los mayores solo iban a recibir contra la influenza.
La situación de malestar de muchas personas se repitió el domingo 8 de noviembre. Días después la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, comentó que la campaña se extendía durante la semana. El 27 de noviembre, Suárez detalló que tras el caso de la menor y de su familia no se han vuelto a presentar otros reportes de infección contra este mal.
El 4 de noviembre, el Juzgado Penal Colegiado Nacional Especializado en Crimen Organizado dictó 8 años de cárcel para Gerald Oropeza, alias “Tony Montana”, por el delito de conspiración para el narcotráfico. El tribunal remarcó que el conteo de la condena se inició desde la fecha en que fue capturado en Ecuador, el 12 de septiembre del 2015. En ese sentido, permanecerá recluido hasta setiembre del 2023 en un penal de Puno donde venía cumpliendo la prisión preventiva.
El Poder Judicial ordenó también el pago de S/400 mil como reparación civil y S/13 mil en días multa. Por otro lado, Gerald Oropeza señaló a un programa dominical que no es un capo del narcotráfico y que las propiedades que tiene a su nombre son producto de los negocios de sus padres.
En septiembre del 2015, Oropeza fue detenido en Ecuador y trasladado a Perú debido a que tenía una orden de captura desde mayo del mismo año a raíz de las investigaciones de la Fiscalía por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y conspiración para el narcotráfico. En ese sentido, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva, medida que fue extendida en septiembre del 2018, fecha en que la fiscalía solicitó 28 años de cárcel para Oropeza por ambos delitos mencionados.
Sin embargo, se tuvo que retirar la acusación de tráfico ilícito de drogas debido a una resolución emitida por la Corte Suprema el 22 de setiembre del 2018, donde se indica que “no es factible sostener la existencia del delito de narcotráfico cuando no se acredita la existencia de la droga”. En ese sentido, en noviembre de este año, Oropeza fue condenado a 8 años de prisión solo por el delito de conspiración para el narcotráfico.
El 9 de noviembre, 2.745 comerciantes ambulantes de La Parada, ubicado en La Victoria, se trasladaron al mercado temporal Tierra Prometida, en Santa Anita, el cual cuenta con 8 pabellones, dos zonas de carga y descarga para camiones, entre otras áreas.
Sin embargo, esto ocasionó la incomodidad del alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, quien en todo momento se opuso a este traslado debido a que él pedía que el mercado se convierta en un parque temático. Además, días antes, exactamente el 7 de octubre, cuando se iniciaban las obras de acondicionamiento en el centro de abasto, el mencionado burgomaestre llegó al lugar junto a otros vecinos para expresar su rechazo, pero fue detenido y trasladado a la comisaría.
Luego de tres horas de haber estado detenido, José Luis Nole y los otros funcionarios fueron liberados, pero sancionados con una multa por incumplir con la inmovilización social obligatoria. En tanto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que el traslado era legal y recibía el apoyo del Gobierno.
A fines de noviembre, la Municipalidad de Miraflores inició la construcción del Parque Bicentenario en la bajada de Armendáriz. Esto ocasionó la molestia de muchos vecinos y especialistas debido a que este proyecto desvirtúa un área verde ya existente.
Los fondos para esta construcción que es S/19.5 millones, no serán de la municipalidad, sino del Gobierno Central, acto que ha sido cuestionado por los vecinos, quienes indican que no se oponen a un nuevo espacio público sino a la modificación de un acantilado que ya cuenta con vegetación y que el proyecto solo agregará más cemento al lugar.
Por otro lado, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, aseguró que la obra que será ejecutada por el Consorcio Señor de los Milagros busca ganar el terreno del acantilado para convertirlo en un espacio público que incluya un jardín botánico, miradores y plazas. Además, explicó que la construcción del parque es necesaria pues “el malecón sufre problemas por inundación” y de “estabilización”. Sobre las protestas de vecinos, Molina indicó que lo hacen por “el tema del racismo” debido a la posible afluencia de personas que traería esta obra, la cual estaría lista en julio de 2021.
El lunes 9 de noviembre se registró una movilización en la capital en rechazo a la vacancia presencial de Martín Vizcarra. Las manifestaciones continuaron y se intensificaron durante los días siguiente tras la asunción como presidente de Manuel Merino. Ante esto, los policías usaron gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes, quienes denunciaron abuso de autoridad.
El 14 de noviembre se ejecutó la gran marcha nacional pacífica en diferentes puntos del país en contra del expresidente Manuel Merino; sin embargo, la más fuerte fue en el Cercado de Lima. Aquel día, en la avenida Abancay un enfrentamiento entre policías y manifestantes, dejó varias personas heridas y el fallecimiento de dos jóvenes, Jack Pintado e Inti Sotelo. Además, se denunciaron desapariciones de asistentes a la marcha.
Asimismo, el pasado 4 de diciembre se registró otra movilización en Lima. Un gran grupo de personas se reunió en la Plaza San Martín, en Cercado de Lima, como muestra de apoyo al paro agrario que acataron los trabajadores agroindustriales de Ica y La Libertad, quienes exigían la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Algunos de los manifestantes se dirigieron a la Plaza Dos de Mayo, mientras que otros se fueron hacia el frontis del Congreso, donde horas después se derogó la mencionada ley.
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