En la década de los años noventa más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos económicos, fueron obligados a esterilizarse bajo la campaña “Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias”, según informe del Ministerio de Salud.
Más de 2.000 mujeres reclaman justicia por los procedimientos quirúrgicos realizados sin su consentimiento en el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori y por primera vez serán escuchadas ante el Poder Judicial.
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El programa de control de natalidad fue implementado como medida para combatir la pobreza, según el gobierno de turno, con el fin de reducir las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos.
Al principio los responsables señalaron que los procedimientos quirúrgicos fueron realizados con el consentimiento de los pacientes, sin embargo, en el 2002, una investigación del Congreso de la República evidenció que había suficientes pruebas para demostrar que funcionarios de salud habían sido presionados para alcanzar cuotas de las esterilizaciones realizadas sin aprobación de las mujeres.
Más de 2.000 mujeres han manifestado que fueron forzadas, chantajeadas, engañadas o acosadas para dejarse practicar la operación, según entrevistas realizadas por la cadena de noticias BBC y los reportes del Congreso.
Algunas de las víctimas fueron entrevistadas por medios internacionales y contaron sus desastrosas historias. Es el caso de Serafina Ylla Quispe, quien en 1997 despertó en la cama de la morgue de un hospital de Cusco, después de que la declararon muerta durante una operación de ligadura de trompas. En ese entonces ella tenía 34 años y afirma que no autorizo el procedimiento quirúrgico.
Ese mismo año y en ese mismo hospital, Victoria Huamán fue supuestamente anestesiada y despertó varias horas después sin darse cuenta de que la habían sometido a un procedimiento de esterilización, cuando tenía apenas 29 años.
Por otro lado, en 1996, Rudecinda Quilla de 24 años en aquel entonces, los doctores le dijeron que no le iban a entregar el certificado de nacimiento de su cuarto hijo a menos que se hiciera la operación de ligaduras de trompas.
A pesar de que ella se rehusó, la pusieron por la fuerza sobre la cama de un hospital mientras le inyectaban un anestésico, de acuerdo con su testimonio, que ahora está siendo utilizado como evidencia legal.
Quilla se despertó horas más tarde y el personal de salud que la atendía le dijo que ya no “iba a seguir pariendo como un animal”.
Las esterilizaciones forzadas son consideradas un crimen contra la humanidad bajo la ley internacional. Por ello, el año pasado, la AMPAEF (Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas) presentó una denuncia en contra de Perú ante el Comité de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en la que pedía que el país investigara y ofreciera reparación a las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
“Es básicamente falta de voluntad política, una falta de comprensión sobre lo que son los derechos humanos, falta de sensibilidad hacia las víctimas y una total negligencia por parte del Estado”, afirma a la BBC, la vocera de la AMPAEF, Esther Mogollón.
Finalmente, un registro oficial para las víctimas fue finalmente en 2015 y desde entonces se han conocido más de 7.200 testimonios.
Las victimas están reclamando por sus derechos, más no por “una caridad” así lo señala Mogollón. Además, a principios de este año, el Congreso peruano cambió la ley de reparaciones para incluir a las víctimas de delitos sexuales, lo que generó esperanzas entre quienes fueron esterilizados a la fuerza durante la década de los noventa.
Pero Mogollón dice que “después del cambió la ley, no han visto voluntad política para una indemnización integral a las víctimas”.
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