Un grupo de dirigentes del transporte público llegó esta mañana al Congreso de la República para expresar su rechazo al acta firmada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según afirmaron, el documento no los representa y fue una “maniobra política” para levantar el paro sin resolver la grave inseguridad que enfrentan los conductores en Lima y Callao.
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, denunció que fue excluido deliberadamente de la reunión con el premier Eduardo Arana. “No me llamaron, cuando llegué a la PCM me dijeron que no podía ingresar. Esa reunión fue una llamada política para levantar el paro”, sostuvo el dirigente, quien aseguró que su gremio no reconoce el acta ni los acuerdos adoptados.
“El paro no se ha levantado. Varias empresas y buses siguen sin salir a trabajar. Esta tarde evaluaremos si continuamos o no con la medida”, advirtió Palomino.
Según indicó, la situación de los conductores es crítica debido a los constantes ataques y extorsiones. “No podemos esperar hasta el 14 de octubre para instalar una mesa de trabajo, todos los días hay atentados, incluso en la madrugada”, agregó.
Otros representantes del sector también desconocieron el documento firmado por el Ejecutivo y cuestionaron la falta de representatividad de quienes participaron en la reunión. “No sabemos quiénes son los que firmaron. No tienen nuestro respaldo ni el de los conductores de los conos de Lima”, manifestaron.
Asimismo, exigieron que el Congreso derogue la Ley 3108, a la que calificaron como una norma que “favorece a la criminalidad” y limita la acción de la policía. “Esa ley protege a los delincuentes y frena las investigaciones. Si el Congreso no actúa, esto va a continuar”, señalaron los dirigentes, quienes responsabilizaron al Gobierno por no garantizar la seguridad de los choferes.
“La presidenta Dina Boluarte está en otro mundo, mientras a la gente la están matando a balazos”, criticó uno de los voceros. Además, pidió que la policía cumpla su rol de proteger a los ciudadanos. “Si la policía no puede garantizar la seguridad, entonces que paguen su pasaje, porque no están cumpliendo con su función”, ironizó.
El grupo de transportistas espera reunirse con el presidente del Congreso, José Jerí, para exigir la instalación inmediata de una mesa de diálogo. Sin embargo, advirtieron que no aceptarán esperar hasta el 14 de octubre, fecha establecida en el acta firmada. “Si en estos días vuelve a morir un conductor, ¿quién será responsable? Si no hay soluciones, el paro será indefinido”, sostuvo Roger Salas, representante de la Asociación de Transportistas del Perú.
Mientras tanto, al menos siete empresas de transporte público decidieron suspender sus operaciones por segundo día consecutivo en San Juan de Lurigancho y Ventanilla, tras rechazar el levantamiento del paro acordado en la reunión con el premier Arana. Entre ellas figuran las líneas Las Flores S.A. (Línea 57), Huáscar (Línea 12), Línea 10A, Línea 41, Línea 87 (‘El Nazareno’), La Roma y La Nueva Estrella.
En Ventanilla, los buses permanecen inmovilizados en el cruce de las avenidas Santa Rosa con la 150, impidiendo la salida de otros vehículos. “Nuestro representante legal no ha entrado a dialogar. Siete días más para recién iniciar una mesa de trabajo… ¿cuántos muertos cree que habrá de aquí a siete días?”, declaró un chofer de la Línea 41.
En San Juan de Lurigancho, las unidades de la Línea 57 amanecieron estacionadas en la avenida Próceres de la Independencia con la avenida Lima, bloqueando el tránsito en ambos sentidos. “Nosotros no hemos sido representados por nadie. En la reunión con el Ejecutivo no estuvimos presentes”, señaló otro transportista.
Por el momento, los dirigentes aguardan una respuesta del Congreso. Palomino tiene previsto reunirse con la Comisión de Transportes, encabezada por el legislador Juan Carlos Mori. Tras ese encuentro, los gremios evaluarán si la medida de fuerza se mantendrá de forma indefinida. Entre sus principales pedidos se encuentran la indemnización a los deudos de los conductores asesinados y la entrega de drones a la policía para vigilar las rutas del transporte urbano.
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