Este 5 de marzo, Lima amanecerá distinta. Miles de unidades no saldrán a trabajar. Más de 8 mil conductores suspenderán sus labores debido a un nuevo paro de transportes y las calles de la capital sentirán el vacío de buses, combis, taxis y colectivos. No es una medida aislada. Es la respuesta de un sector golpeado por la violencia.
La convocatoria fue lanzada por la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), que representa a más de 100 empresas formales con aproximadamente 5.000 unidades. La movilización cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani).
La protesta, denominada “hombre-máquina”, partirá desde la plaza 2 de Mayo o la plaza San Martín. Desde allí, los manifestantes avanzarán por el Centro de Lima con dirección al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno.
El reclamo tiene un eje central: la implementación inmediata de la Ley N.° 32490, promulgada durante el gobierno del expresidente José Jerí, que contempla compensaciones e indemnizaciones para los deudos de conductores asesinados.
Las cifras que acompañan la protesta no son menores. Según la Cámara Internacional de Transporte, seis transportistas han sido asesinados en Lima y Callao en lo que va del 2026, en ataques vinculados directamente a la extorsión.
Los gremios advierten que la violencia no se detiene y que las medidas prometidas no se han ejecutado. Denuncian que el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que debería articular acciones entre la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía, no funciona.
Frank Gómez Santillana, vocero de ATSUPER, señaló que no han recibido respuesta formal de la Presidencia del Consejo de Ministros pese a haber solicitado diálogo. “Nosotros queremos dialogar, pero advertimos que no somos condescendientes como otros dirigentes gremiales que conversan y se quedan callados”, declaró en Exitosa.
El malestar también se dirige al Congreso. Walter Carrera, dirigente de Asotrani, cuestionó la continuidad de políticas que, según el sector, fortalecen la impunidad de las organizaciones delictivas. En lo que va del año, sostienen, la ola criminal no ha cedido.
Entre las exigencias figura la activación del plan “corredor seguro” y el cambio de jefes policiales en los 43 distritos de Lima. Los conductores consideran que la actual estrategia no ofrece garantías reales para protegerlos a ellos ni a sus familias.
También piden la derogatoria de leyes que, a su juicio, favorecen la impunidad. Según los dirigentes, mientras las autoridades priorizan el diálogo con empresarios del sector, los choferes siguen siendo las principales víctimas del sicariato.
La indignación se incrementó tras un reciente ataque en la avenida Gambeta. De acuerdo con Walter Carrera, el conductor herido fue llevado al hospital Carrión, pero ni el seguro ni el SIS cubrieron su atención. Para el gremio, el caso evidencia abandono estatal.
Aunque se han realizado operativos y capturas de integrantes de bandas armadas, los representantes del sector consideran que las acciones son insuficientes y reactivas. Sostienen que no existe una estrategia integral frente a organizaciones como ‘La Nueva Federación’, a las que la PNP vincula con homicidios de choferes.
Este jueves, los transportistas no solo marcharán. Buscarán hacerse escuchar frente al Ejecutivo y el Legislativo. Dicen que no se trata de política, sino de supervivencia. Mientras tanto, miles de pasajeros deberán reorganizar su rutina en una ciudad que, por un día, sentirá el peso de la protesta sobre el asfalto.
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