El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial para dejar sin efecto la inmovilización social dispuesta por el Gobierno para este martes 5 de abril.
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El documento, enviado a un Juez Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, se sustenta en que una medida como el estado de emergencia no puede implicar anular el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, sino únicamente una restricción razonable, proporcional y excepcional en virtud a las circunstancias que ponen en peligro el orden interno.
“Por lo que, si bien se puede cumplir los criterios formales para el dictado de un estado de emergencia, resulta cuestionable la restricción del derecho a la libertad de tránsito, que se realiza a través del acto de inamovilidad, sin mayor análisis de razonabilidad y proporcionalidad”, se lee en el escrito.
“Asimismo, la medida resulta contraria al principio de necesidad, pues no evalúa la existencia de otras vías menos lesivas para garantizar la finalidad constitucional consistente en preservar el orden público e interno y, tampoco, demuestra que los mecanismos de concertación y diálogo constituyan alternativas destinadas al fracaso para revertir el convulso contexto social”, agrega el oficio.
Horas antes, la Defensoría había solicitado el cese de la medida, por considerar que no es proporcional a la situación que vive el país y consideró perjudicial la medida.
El presidente Pedro Castillo anunció ayer la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao luego de haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros durante una sesión extraordinaria que tuvieron este lunes por la noche.
“El Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativo a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito en la provincia de Lima y Callao”, manifestó el jefe de Estado durante un mensaje a la Nación.
Asimismo, informó que se acordó declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes 5 de abril, con el propósito de “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”.
La medida responde a las manifestaciones y bloqueos de vías que se registran a nivel nacional. El decreto supremo que la oficializa fue difundido este lunes y fue firmado por Castillo; el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; el ministro de Defensa, José Luis Gavidia; el ministro del Interior, Alfonso Chávarry; y el ministro de Justicia, Félix Chero.
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