El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio por concluidos los servicios del presidente, vicepresidente y tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y nombró a sus reemplazantes.
Mediante una Resolución Suprema 207-2020-JUS publicada hoy en el diario El Peruano, se designó como nuevo presidente del INPE a Susana Silva Hasembank, quien se desempeñaba como Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros desde el pasado 12 de julio.
También se dispuso que Carlos Alfonso Martín Diaz Orbegoso, asuma la vicepresidencia de la institución. Como tercer miembro fue designado Leoncio Delgado Uribe. ambos reemplazarán a los salientes Rafael Eduardo Castillo Alfaro y Luis Octavio Bisso Pun,
La resolución lleva las rúbricas del presidente de la República, Martín Vizcarra. y del ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.
Según información del portal de la Presidencia de la República, Susana Silva Hasembank es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Derecho Aplicado al Desarrollo (LLM; Law in Development) de la Universidad de Warwick, Inglaterra.
Ha sido Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Presidencia del Consejo de Ministros (noviembre 2011-enero 2015) y ocupado diversos cargos en la administración pública como vicepresidenta del Instituto Nacional Penitenciario, Defensora Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo e Inspectora General del Ministerio del Interior.
Asimismo, ha sido presidenta del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ejercido la representación de Perú ante los grupos de trabajo anticorrupción de la OEA, Naciones Unidas, APEC y OCDE.
También fue Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, cumpliendo la función de Secretaria Técnica de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de acuerdo con el Decreto Supremo 042-2018-PCM.
En julio pasado, la titular del Minjus informó que su sector evaluaría la permanencia de Rafael Castillo Alfaro, quien se desempeñó como presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), desde inicios del mayo del presente año.
Explicó que la prioridad de su despacho era reconstituir el Consejo Nacional Penitenciario del INPE y que un equipo técnico de trabajo se encargaría de evaluar la estrategia que ejecutó la gestión de Castillo Alfaro para la protección de internos y trabajadores del sistema penitenciario, en plena pandemia del COVID-19.
En mayo, en plena emergencia sanitaria en el país, Rafael Eduardo Castillo Alfaro, quien se desempeñaba como vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, asumió la encargatura de la presidencia del INPE, ante la renuncia de Gerson Villar Sandy, quien ocupó dicho cargo desde el pasado 24 de marzo, en reemplazo de César Cárdenas Lizarbe.
Durante la gestión de Villa Sandy se registraron varias reyertas en penales a nivel nacional, siendo la del centro penitenciario Miguel Castro Castro la más grave, con un saldo de nueve fallecidos. En las manifestaciones, los internos exigían una mejora en el tratamiento sanitario por el avance del COVID-19 en las cárceles.
El último jueves, el exjefe del INPE, Rafael Castillo Alfaro, informó que al 27 de agosto la población penitenciaria registra 89.458 presos, lo cual representa un 122% de hacinamiento, pese a las medidas tomadas por el Gobierno para liberar reos bajo ciertas condiciones con el objetivo de prevenir contagios de COVID-19.
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