El Grupo Parlamentario Somos Perú, presentó el Proyecto Ley N°1048-2021-CR que busca fortalecer e impulsar la modernización de las empresas regulares o formales de los servicios de transporte terrestre urbano de personas en Lima y Callao y modificación de la Ley 30900.
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La propuesta de la iniciativa legislativa estuvo a cargo del congresista Héctor Valer Pinto y “el objetivo de la Ley es fortalecer e impulsar la modernización de las empresas regulares o formales de los servicios de transporte terrestre urbano de personas en Lima y Callao con el propósito de alcanzar una amplia cobertura, eficiente operatividad, alta calidad de servicio, técnicamente moderna y eficiente, ambientalmente limpia y económicamente sustentable como pretende la Ley 30900, Ley que Crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)”.
Así también en el proyecto de ley se señala que la “finalidad es evitar el quiebre, la precarización o el paso a la informalidad de las empresas regulares o formales de transporte terrestre urbano de personas a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y la inseguridad jurídica respecto a los títulos habilitantes y autorizaciones para operar con regularidad, para apalancar inversión financiera y para hacer el recambio de flotas vehiculares, así como para aplacar los problemas de desabastecimiento del servicio regular, el desempleo, los conflictos sociales y el incremento de la informalidad por parte de los operadores de transporte terrestre de pasajeros en el ámbito de Lima y Callao”.
En el artículo 6, que tiene como subtítulo “Vigencia y prórroga de las autorizaciones”, en el ítem a señala “la vigencia de las autorizaciones para la prestación del servicio público regular de pasajeros o personas es por un periodo de (10) años computados a partir del día siguiente de la recepción de la autorización o de los títulos habilitantes, prorrogables por otros cinco (5) años en caso de haber tenido una limpia historia a lo largo de los años de concesión, que justifique técnica, económica y financieramente su operación y haberse incorporado eficientemente al Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, SIT”.
Seguido, en el ítem b se detalla que “a la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las autorizaciones o títulos habilitantes otorgados en su oportunidad por las Municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao a las empresas operadoras del servicio de transporte público regular de pasajeros, prorrogadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) hasta el 31 de julio del 2022, y que continúan prestando servicios en el ámbito de Lima y Callao, se prorrogan automáticamente por el lapso de diez (10) años; con el fin de darles estabilidad jurídica a todas las personas naturales con negocio y personas jurídicas operadoras del servicio y que sean sujetos de crédito fuertes y viables para un apalancamiento financiero, óptimo y rápido, con tasa interna de retorno positiva; con la condición, de que dentro de los cinco (5) primeros años de ésta prórroga, de manera progresiva implementen sistemas de gestión de flota y de recaudo electrónico, que mejore la calidad del servicio; y de forma paulatina, hayan renovado su flota vehicular propia o con títulos posesorios adquiridos de manera legítima conforme al marco normativo vigente. Los vehículos deben ser de última generación, optimizadas al máximo en eficiencia y que protejan y cuiden el medio ambiente”.
En el artículo 11 se propone que la designación del cargo de presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que le corresponde al Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Esta iniciativa ha sido firmada por el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, así como de los parlamentarios Wilmar Elera García, José Jerí Oré, Hitler Saavedra Casternoque, Carlos Zeballos Madariaga, Alfredo Azurín Loayza, Yonel Alcarráz Agüero.
Lo que llama la atención es que este proyecto de ley fue presentado el 21 de diciembre, cuatro días después de que el congresista Héctor Valer Pinto recibió en su oficina del Congreso de la República a ocho dirigentes del sector transporte.
Ellos son Wilfredo Chávez Falconí, Diego Noreña Chávez y Waldo Poma Gagliuffi, del Consorcio Empresarial del Callao; Ricardo Pareja Fonseca de la Cámara de Transporte Urbano; Martín Valeriano Napan, de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas; Marco Aguirre Valencia, Edgar Veliz Chinchilla y Horacio Rabanal Aguirre, pertenecientes a la Asociación de Transportistas de Servicio Urbano del Perú. Ingresaron el 17 de diciembre entre 10:45 y 10:52, y se retiraron a las 2:05 p.m., según el registro visitas al Congreso de la República.
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