El Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo de la Corte Superior de Junín declaró infundado el recurso de habeas corpus que se presentó a favor del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con el cual se buscaba anular la sentencia de tres años y seis meses de prisión efectiva, por el delito de colusión en el caso ‘Aeródromo Wanka’.
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Este recurso fue presentado el 9 de octubre y estaba dirigido contra los jueces Walter Chipana Guillén, Carlos Richar Carhuancho Mucha y Roberto John Meza Reyes, de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín. Ellos lo sentenciaron el 6 de octubre.
La decisión de la jueza supernumeraria Doris Cajincho Yáñez señala que en el caso de Cerrón no hubo afectación al debido proceso, como se alega en el recurso a favor del ex gobernador regional de Junín.
La magistrada descartó que se haya afectado el principio de legalidad por parte de los jueces superiores denunciados, y asegura que ellos actuaron de acuerdo a los preceptos legales, respetando los derechos constitucionales de Cerrón Rojas.
En su demanda, el izquierdista señalaba que el acto colusorio prescribió el 26 de julio del 2023; sin embargo, la Sala había establecido que este caso recién prescribe el 4 de junio del 2024.
El Ministerio del Interior incluyó al prófugo en el Programa de Recompensas y ofrece 100 mil soles a quien dé información que permita su captura.
EN LAS REDES
Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón se pronunció sobre este fallo y, según él, el rechazo solo sería por un tema ‘de forma’, por lo que ya habría presentado su apelación.
“Rechazado por temas de forma. Manifiestan que la sentencia no es firme y debemos presentar casación. Pero ese no es el tema de fondo, sino que se sentenció arbitrariamente un caso prescrito, de lo cual la jueza obvia pronunciarse. Hoy se apeló”, escribió en su cuenta de X (Twitter).
MÁS CASOS
Vladimir Cerrón ya había sido sentenciado a prisión el 5 de agosto del 2019, cuando el Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín lo condenó a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, pero por el caso de saneamiento de una obra de La Oroya. Fue recluido en el penal de Huamancaca (Huancayo).
Sin embargo, el 18 de octubre de ese año, la Sala Transitoria de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín aceptó el pedido de su defensa para variar la medida en su contra, y le dictó 3 años y 9 meses de prisión suspendida, pero le impidió ocupar cargos públicos, por lo que no pudo postular en el 2021.
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