La bancada de Perú Libre expresó su extrañeza por el allanamiento a las casas de su fundador, Vladimir Cerrón, y los locales del partido en Lima y Junín, pero aseguró que colaborará con las investigaciones.
A través de un pronunciamiento, señaló que la intervención a sus locales partidarios y los inmuebles de Cerrón Rojas se efectuó con una “sorpresiva celeridad inadvertida para casos similares”.
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“El partido Perú Libre desde un primer momento ha expresado a las autoridades correspondientes su disposición para colaborar con las investigaciones relacionadas con el financiamiento de las actividades partidarias y de campañas electorales, como consta en la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, señaló.
“Ratificamos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades en las investigaciones a que hubiese lugar, pero rechazamos y condenamos cualquier intento de amedrentamiento de las fuerzas del orden, Fiscalía y Poder Judicial, de pretender violar el debido proceso”, añadió.
Finalmente, la bancada de Perú Libre reiteró su “absoluto respeto” al Poder Judicial y enfatizó que el principio de equilibrio de poderes “es fundamental” dentro de un sistema democrático y de estado de derecho.
Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional realizaron el allanamiento de siete inmuebles en Lima y Junín, entre ellos la casa del secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón, ubicada en Huancayo y locales de Perú Libre.
Este operativo, a cargo del fiscal Richard Rojas, se realiza en el marco de la investigación por presunto financiamiento ilegal de la campaña de dicha organización política.
El operativo tiene como objeto la “incautación de bienes y descerraje, incluyendo el quebrantamiento de cerraduras, roperos, lockers, oficinas privadas (que tengan relación con el caso) de tres inmuebles del fundador de Perú Libre y de cuatro bienes del partido de gobierno”.
Se busca específicamente información financiera contable, libros de caja y bancos y registros de compra desde el 2008 hasta la fecha. Vladimir Cerrón y otros son investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal en agravio del Estado peruano.
En una resolución, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró fundado el requerimiento del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
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