Este domingo 4 de diciembre se realizará la Segunda Elección Regional, y como parte de la campaña #NoCometasDelitosElectorales, el Ministerio Público recuerda qué conductas constituyen delitos que atentan contra la libertad y derecho al sufragio, y que pueden acarrear pena de cárcel.
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Así, perturbar o impedir el desarrollo del proceso electoral usando violencia o amenaza tiene una pena privativa de la libertad de entre 3 y 10 años; mientras que impedir a un elector ejercer su derecho al sufragio, obligarlo a votar en un sentido determinado, inducirlo mediante algún beneficio a que no vote o lo haga en otro sentido, se castiga con penas entre 1 y 4 años.
La suplantación de votantes, votar más de una vez en la misma elección o sufragar sin tener derecho a hacerlo, también constituyen delito que puede ser sancionado con penas entre 1 y 4 años.
Falsificar o destruir registros electorales, DNIs o actas de escrutinio, u ocultar, retener o hacer desaparecer estos documentos para dificultar la elección o falsear su resultado, también se castiga con pena privativa de la libertad entre 2 y 8 años.
Sustraer, destruir o sustituir ánforas usadas en una elección antes del escrutinio para afectar su resultado o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, tiene una pena de cárcel de entre 2 y 8 años.
Asimismo, alterar el resultado de una elección o imposibilitar el escrutinio para afectarlos resultados o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, se sanciona con pena privativa de la libertad entre 2 y 8 años.
De acuerdo al Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público, el delito de suplantación de identidad de los votantes fue el acto ilícito más recurrente durante las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 2 de octubre, con un total de 112 personas intervenidas en todo el país.
En total, en esa jornada se intervino a un total de 147 personas por diversos delitos electorales, de las cuales el 76% fueron por conductas relacionadas al delito de suplantación de identidad,
Asimismo, se reportaron casos de publicidad ilegal del sentido del voto (7%), por efectuar propaganda electoral en las horas que estaba prohibido (2%), por atentado al derecho al sufragio (2%), impedimento del ejercicio del derecho al sufragio (2%), disturbios (1%), entre otros.
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