La tensión electoral sumó un nuevo capítulo. En medio del conteo de votos de las Elecciones Generales 2026, Rafael López Aliaga publicó un mensaje en el que ofrecía hasta 20 mil soles a quienes presentaran pruebas de un supuesto fraude. Horas después, el contenido desapareció de sus redes.
El mensaje había sido difundido pasada la medianoche. “Si eres trabajador de ONPE, JNE o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece S/. 20,000 de recompensa”, señalaba el texto que luego fue eliminado.
La propuesta no quedó ahí. A pesar de borrar la publicación, el candidato replicó mensajes de seguidores que mantenían vigente la oferta, junto con un correo electrónico para recibir la información.
Todo ocurre en un momento clave. López Aliaga disputa voto a voto su pase a la segunda vuelta con Roberto Sánchez, en una diferencia mínima que no supera los miles de votos, mientras el escrutinio continúa avanzando.
El anuncio de la recompensa se produjo en plena revisión de actas, cuando aún quedan documentos impugnados por resolver. En ese contexto, Renovación Popular difundió también un comunicado reiterando el llamado a la ciudadanía.
“El Perú merece elecciones transparentes. El Perú necesita la verdad”, se lee en el pronunciamiento. En ese mismo mensaje, el partido solicitó que cualquier información sobre suplantación, adulteración de votos u otras incidencias sea enviada con sustento.
Además, se garantizó “confidencialidad absoluta” para quienes decidan colaborar con datos o pruebas. La convocatoria estuvo dirigida especialmente a trabajadores de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y empresas vinculadas al proceso electoral.
Sin embargo, la iniciativa marcó un precedente. Se trata de la primera vez, en este proceso, que una agrupación política ofrece un incentivo económico para obtener información sobre posibles irregularidades.
Mientras tanto, ni la ONPE ni el Jurado Nacional de Elecciones han emitido un pronunciamiento oficial sobre el alcance o la legalidad de esta medida.
Las denuncias de fraude no son nuevas en el discurso del candidato. López Aliaga ya había instalado esa narrativa antes de los comicios y la reforzó tras los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima, que en algunos casos llegaron hasta cinco horas.
Según su versión, esas demoras le habrían costado cerca de medio millón de votos, una cifra que no ha sido sustentada con evidencias.
En paralelo, incluso exigió la detención del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la suspensión de la proclamación de resultados, al considerar que el proceso presenta irregularidades.
No obstante, las misiones de observación electoral, como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, han respaldado la transparencia del proceso, pese a reconocer fallas logísticas en la jornada.
Con más del 90 % de actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera la votación, seguida de Roberto Sánchez, mientras López Aliaga se mantiene en el tercer lugar por un margen estrecho.
La diferencia entre el segundo y tercer puesto se reduce a pocos miles de votos, lo que anticipa que el desenlace podría definirse en los jurados electorales, donde aún deben resolverse miles de actas impugnadas.
En medio de ese escenario, el ofrecimiento de dinero por pruebas y su posterior eliminación no han pasado desapercibidos. El proceso sigue su curso, pero el debate sobre la legitimidad, las formas y los límites de la denuncia política ya está instalado.
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