La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia provocada tanto por las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional como por manifestantes durante las protestas antigubernamentales que se vienen desarrollando en nuestro país, en las que ya han fallecido medio centenar de personas en el último mes.
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El vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, Edgar Stuardo Ralón, rindió ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe de la visita hecha al país andino del 11 al 13 de enero.
“Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos”, expresó el comisionado, según relata la agencia EFE.
La crisis arrancó el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente.
Desde entonces, las protestas contra el nuevo Gobierno de Dina Boluarte se han cobrado la vida de al menos 47 personas, entre ellas siete adolescentes, además de haber dejado más de 700 heridos, según la CIDH.
El relator de la CIDH pidió al Ejecutivo peruano que lleve a cabo “investigaciones serias e imparciales” sobre estas muertes, y exigió a las fuerzas de seguridad peruanas que cuando intervengan en las protestas lo hagan con “legalidad y proporcionalidad”.
A la vez, subrayó que “la violencia no es parte del derecho de protesta”, y pidió que las manifestaciones se hagan “de manera pacífica”.
Ralón identificó como origen de la larga crisis política que vive el país algunos preceptos constitucionales como la capacidad del Congreso para destituir al presidente y el poder del presidente para disolver el Congreso, los cuales pidió que sean reformados con “parámetros claros”.
Solicitó evitar la “estigmatización” de ciudadanos de origen aimara que participan en las protestas y que han sido tachados de “terroristas” o “indios”.
Y finalmente exhortó a un “diálogo amplio” de país con respeto a los derechos humanos y en el que “todas las voces sean escuchadas”.
Paul Fernando Duclós, representante del Gobierno peruano, intervino en la sesión para aclarar que las muertes en las protestas están siendo investigadas por las autoridades y para reivindicar que el Perú tiene “un compromiso permanente con la protección de los derechos humanos”.
Duclós admitió que el país tiene “una deuda histórica con sectores de la población marginados por años” en zonas indígenas, pero a la vez denunció que dentro de las protestas hay personas asociadas al crimen organizado con un “deliberado propósito de destrucción”.
“El Gobierno de Boluarte es plenamente consciente de la situación”, dijo el funcionario, quien prometió el “esclarecimiento de la verdad” con “transparencia”.
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La representante de México ante la OEA, Luz Elena Baños, fue la más dura con el Gobierno peruano, pues rechazó “el uso desproporcionado de la fuerza” contra manifestantes y exigió que “se respeten” los derechos de Castillo.
Dijo además que México mantendrá relaciones diplomáticas con Perú a pesar de que Boluarte decidió “sin reciprocidad” declarar persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy.
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