El ministro del Interior, Vicente Romero,, confirmó este viernes que España ha suspendido las exportaciones de material antidisturbios al Perú, que vive desde diciembre una ola de protestas en las que han perdido la vida más de 60 personas.
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“Efectivamente, sí, España ha decidido no vender material (gas) lacrimógeno a la Policía Nacional, respetable por cierto”, dijo el ministro Romero, en una rueda de prensa en la que afirmó que llamarán “a otras puertas” para comprar este material.
Amnistía Internacional (AI) había solicitado en varias ocasiones al Gobierno español que suspendiera de forma inmediata las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú “como medida cautelar”.
En un comunicado publicado hace semanas, señaló que “en la represión de las manifestaciones, se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados” por una empresa española “y seguirá investigando si se ha utilizado para cometer violaciones graves de derechos humanos”.
Al respecto, Romero aseguró que Perú es un “estado de derecho” y el “país vive en democracia”.
“Hay una independencia de poderes y tenemos que ser responsables y respetuosos de que, en algún momento, el Ministerio Público nos alcance resultados de las investigaciones”, sostuvo acerca de las pesquisas abiertas por la Fiscalía sobre posibles abusos en la represión de las protestas en las que han muerto decenas de personas.
El 10 de enero la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso abrir la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, entre otros.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, según precisó el Ministerio Público.
La Fiscalía también ha confirmado que investiga a los militares y policías que intervinieron en la represión de las manifestaciones antigubernamentales del pasado 15 de diciembre en Ayacucho, en el sur del país, cuando murieron diez personas.
Acerca de la suspensión de las exportaciones de España, la presidenta Boluarte dijo que, “para poder desarrollar” a los pueblos de Perú, el Gobierno no necesitarán “más municiones o bombas lacrimógenas”, sino “más obras para poder genera bienestar”.
El pasado martes, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que las exportaciones de material militar y policial a Perú están suspendidas debido a las protestas.
“En el momento en que empezó esta situación de ruptura, digamos, de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú como hacemos siempre”, afirmó en la Comisión de Exteriores del Congreso de España.
“Nosotros apoyamos los derechos en todos los países, no hacemos distinción de derechos humanos” entre unos países y otros, apostilló Albares.
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