El presidente colombiano, Gustavo Petro, desató una nueva controversia diplomática al acusar públicamente al Gobierno peruano de haber ocupado ilegalmente una isla en la Amazonía que, según él, pertenece a Colombia. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario afirmó que el Perú ha “copado” territorio colombiano, en contravención al Protocolo de Río de Janeiro, tratado firmado en 1934 que puso fin al conflicto limítrofe entre ambas naciones.
“Han aparecido islas al norte de la línea más profunda del río Amazonas, y el Gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia”, sostuvo Petro. Añadió que este acto podría comprometer seriamente la posición geoestratégica de Leticia como puerto amazónico.
Como respuesta política e institucional, Petro anunció que el Día del Ejército Nacional —que conmemora la histórica Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819— se celebrará este año en Leticia, capital del departamento del Amazonas. Tradicionalmente, esta ceremonia se realiza en Boyacá o en Bogotá.
“El traslado de la celebración a Leticia es una reafirmación de la soberanía sobre el territorio amazónico”, explicó el mandatario, en lo que constituye un gesto con carga simbólica frente a la supuesta acción peruana.
Ante las declaraciones de Petro, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado categórico: “El Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgica protesta respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia”, señalando que el Perú ejerce soberanía legítima y continua sobre la isla Santa Rosa desde hace más de un siglo.
La Cancillería recordó que el Congreso peruano aprobó el pasado 12 de junio la creación del distrito de Santa Rosa en Loreto, cuya capital se ubica precisamente en la isla en cuestión. Dicha jurisdicción fue oficialmente reconocida el 3 de julio. Según el Perú, todo se encuentra en estricto cumplimiento del Tratado Salomón-Lozano (1922) y del Protocolo de Río de Janeiro (1934), así como de los trabajos de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.
Desde Estados Unidos, el canciller peruano Elmer Schialer lamentó que al presidente Petro “no le hayan informado adecuadamente” sobre la situación jurídica y geográfica de la frontera amazónica. Reiteró la disposición del Perú a resolver cualquier discrepancia mediante los canales diplomáticos establecidos.
“Lo que sí rescato de la comunicación del presidente Petro es que ha señalado que se utilizarán los canales diplomáticos para abordar este asunto”, expresó Schialer, quien tiene previsto reunirse con su homóloga colombiana en septiembre.
Desde la región Loreto, el alcalde de Maynas, Vladimir Chong, calificó las acusaciones de Petro como una “cantaleta” repetida. Aseguró que la posición peruana es sólida y reconocida incluso por la Cancillería colombiana en el pasado. Chong cuestionó que un tema tan delicado sea tratado por el jefe de Estado colombiano a través de redes sociales y no mediante los mecanismos oficiales de diplomacia.
Santa Rosa está ubicada en el río Amazonas, cerca de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. La isla alberga a cerca de 3 mil habitantes que viven del comercio y se encuentran en situación de vulnerabilidad, con escasa presencia del Estado y falta de acceso a servicios esenciales de salud y educación. Ante emergencias, la población depende de centros asistenciales ubicados en Leticia (Colombia) o Tabatinga (Brasil).
El tratado al que ambos países hacen referencia fue firmado el 24 de mayo de 1934, como parte del proceso de pacificación posterior a la guerra colombo-peruana de 1932-1933. Ratifica los límites establecidos en el Tratado Salomón-Lozano (1922), reconociendo soberanía colombiana sobre el llamado trapecio amazónico. El principio rector para delimitar la frontera es el “thalweg” —la línea más profunda del río Amazonas—, que sigue vigente como criterio técnico-jurídico.
Cualquier revisión del tratado solo puede realizarse por acuerdo mutuo o mediante la intervención de un tribunal internacional, como lo establece el derecho internacional.
Este nuevo episodio se suma a una serie de tensiones entre Lima y Bogotá desde la destitución de Pedro Castillo. Gustavo Petro no ha reconocido formalmente a Dina Boluarte como presidenta constitucional del Perú, y el Congreso peruano declaró persona no grata al mandatario colombiano. La controversia actual añade un elemento sensible a una relación ya deteriorada.
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