El allanamiento al domicilio de Piero Alessandro Corvetto Salinas dejó un elemento que ahora marca el ritmo de la investigación. Entre documentos y evidencias, la fiscalía encontró un pasaporte peruano vigente, con fecha de caducidad al 10 de agosto de 2026.
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El hallazgo no pasó desapercibido. Días antes, el exjefe de la ONPE había entregado dos pasaportes —uno peruano y otro italiano— como señal de colaboración con la justicia. Sin embargo, la aparición de un tercer documento cambió el escenario.
Para el Ministerio Público, no se trata de un detalle menor. El pasaporte incautado es considerado un medio de viaje formalmente utilizable, lo que refuerza la hipótesis de un posible riesgo de fuga en medio de la investigación.
El fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán sostiene que la entrega previa de documentos no neutraliza ese riesgo. Según su posición, los ciudadanos pueden desplazarse por la región incluso solo con el DNI, lo que amplía las posibilidades de salida del país.
PASAPORTE, CHATS Y CONTRATACIONES BAJO LA LUPA
El documento hallado se suma a un conjunto de 87 elementos de convicción presentados por la fiscalía. Entre ellos figuran conversaciones de WhatsApp que apuntan a presuntas coordinaciones para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
La tesis fiscal describe un esquema que involucraría a altos funcionarios de la ONPE y representantes del sector privado. Según la investigación, se habrían realizado actos desde la aprobación de lineamientos de contratación hasta la definición de términos de referencia con condiciones que generaban ventajas indebidas.
En ese contexto, se señala que funcionarios como José Samamé y Juan Phang habrían tenido un rol directo en la elaboración de procesos que terminaron beneficiando a la empresa mencionada. Las conversaciones incorporadas al expediente evidencian coordinaciones sobre contrataciones, evaluaciones y resultados.
La fiscalía también cuestiona modificaciones en los lineamientos de contratación durante el 2026, así como la participación del área usuaria en etapas clave del proceso. Según el requerimiento, esto habría permitido concentrar decisiones y limitar controles.
El hallazgo del pasaporte en el allanamiento se convirtió en la principal razón para el que el Ministerio Público solicite el impedimento de salida del país a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Foto: Composición GEC
MEDIDA RESTRICTIVA EN EVALUACIÓN
Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para Corvetto y otros implicados. La medida busca asegurar su permanencia mientras avanzan las diligencias.
El hallazgo del pasaporte vigente es uno de los principales argumentos. Para la fiscalía, evidencia que el investigado mantenía un documento no declarado, lo que incrementa la posibilidad de abandonar el país.
A esto se suman otros factores. El requerimiento menciona la doble nacionalidad, la capacidad económica para sostenerse en el extranjero y la falta de arraigo laboral tras su renuncia a la ONPE el pasado 21 de abril.
También se considera la gravedad de los delitos investigados. La colusión agravada contempla penas que van entre seis y quince años de prisión, lo que, según la fiscalía, aumenta el incentivo de fuga.
El Poder Judicial deberá evaluar estos argumentos en audiencia. La decisión marcará el curso inmediato del caso, en una investigación que busca determinar responsabilidades por presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al proceso electoral.
Mientras tanto, el pasaporte incautado se instala como una pieza central. Un documento que, más allá de su hallazgo, redefine el debate sobre el control de los investigados y la necesidad de garantizar su presencia ante la justicia.
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