La decisión ya está tomada. El juez Manuel Chuyo dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el proceso electoral 2026.
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La medida fue emitida tras la audiencia en la que el fiscal Reynaldo Abia sustentó la necesidad de garantizar la presencia de los investigados durante el desarrollo de las diligencias. Según el Ministerio Público, existen elementos que justifican la restricción.
El magistrado consideró que los implicados deben permanecer en territorio nacional mientras avanzan las investigaciones. El caso gira en torno a un presunto favorecimiento a la empresa Servicios Generales Galaga en la adjudicación de un contrato superior a los 6 millones de soles.
La resolución también alcanza a José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, todos investigados por el presunto delito de colusión agravada.
SUSTENTO FISCAL
Durante la audiencia, el fiscal Abia advirtió sobre un posible riesgo de salida del país, especialmente en el caso de Corvetto, quien no cuenta actualmente con vínculo laboral.
“El señor Corvetto es necesario para que se esclarezcan estos hechos graves”, sostuvo el representante del Ministerio Público, al referirse al impacto que el caso ha generado en la opinión pública.
La tesis fiscal apunta a presuntas irregularidades en la contratación de servicios logísticos para el despliegue del material electoral. Según se expuso, se habrían modificado lineamientos que limitaron los mecanismos de control.
En ese contexto, se explicó que, tras la selección del postor ganador, no se permitían recursos impugnatorios, lo que habría concentrado decisiones en pocas personas.
Piero Corvetto-Requerimiento de impedimento de salida del país
POSICIONES ENFRENTADAS
Uno de los momentos clave fue la postura de las defensas. El abogado de Corvetto, Julio César Arbizu, confirmó que su patrocinado decidió allanarse al pedido fiscal.
“Nos allanamos al requerimiento de Fiscalía respecto del impedimento de salida del país”, indicó durante la audiencia, marcando una diferencia frente a otros investigados.
En total, seis de los implicados aceptaron la medida. El único que se opuso fue Juan Alvarado, propietario de la empresa Galaga, quien decidió apelar la decisión judicial.
Con esta resolución, el Poder Judicial busca asegurar el desarrollo de las investigaciones en un caso que ha generado impacto en el ámbito político y electoral. Las diligencias continuarán en las próximas semanas bajo la supervisión del Ministerio Público.
El hallazgo del pasaporte en el allanamiento se convirtió en la principal razón para el que el Ministerio Público solicite el impedimento de salida del país a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Foto: Composición GEC
EL PASAPORTE EN DISPUTA
Uno de los puntos más sensibles del caso apareció en las horas previas. Durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto, la Fiscalía informó el hallazgo de un supuesto tercer pasaporte peruano, con vigencia hasta agosto de 2026.
El documento fue presentado como un elemento clave para sustentar el riesgo de fuga. Sin embargo, la defensa salió rápidamente a desmentir esa versión.
Arbizu aseguró que no existe tal “tercer pasaporte”. Según explicó, el documento encontrado ya no tiene validez legal, pues fue reemplazado por uno nuevo que el propio Corvetto entregó al Ministerio Público.
El abogado detalló que la renovación se realizó de manera anticipada por exigencias migratorias internacionales, lo que dejó automáticamente anulado el pasaporte anterior. Lo calificó incluso como un documento sin valor, “papel mojado en tinta”.
Pese a esa discrepancia, la defensa mantiene su decisión de no oponerse a la medida restrictiva. En paralelo, el caso continúa avanzando: el Poder Judicial también admitió a trámite la apelación fiscal contra el rechazo previo a la detención preliminar.
La investigación apunta a un presunto direccionamiento en el contrato con la empresa encargada del despliegue electoral, en medio de cuestionamientos por retrasos en la instalación de mesas de sufragio en Lima. Por ahora, la audiencia sigue su curso y el futuro inmediato de Corvetto queda en manos del juez.
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