La escena se desarrolla en una pantalla. No hay sala abarrotada ni murmullos en los pasillos, pero la tensión se mantiene. Este jueves 30 de abril, desde las 11 de la mañana, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria inició la audiencia virtual para evaluar el pedido de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE.
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La medida, planteada por el Ministerio Público, busca restringir por 18 meses cualquier intento del exfuncionario de abandonar el territorio nacional. El fiscal Reynaldo Abia es quien sustenta el requerimiento en una diligencia que también alcanza a otros seis investigados por presunta colusión agravada.
En la audiencia, Corvetto volvió a aparecer públicamente tras su renuncia al cargo y el allanamiento de su vivienda. Se acreditó ante el juez Manuel Chuyo Zavaleta, brindando sus datos personales, en un trámite que marcó el inicio de una jornada clave para su situación legal.
A su lado, la defensa cambió de rumbo en los últimos días. Luego de la renuncia del abogado Ricardo Sánchez Carranza, el letrado Julio Arbizu asumió la representación y confirmó lo que ya se anticipaba: Corvetto no confrontará la medida.
SE ALLANA Y MARCA DISTANCIA
La postura fue directa. Arbizu informó que su patrocinado decidió allanarse al pedido de impedimento de salida del país, evitando así un debate frontal con la Fiscalía durante la audiencia.
“No vamos a discutir el requerimiento”, había adelantado previamente el abogado, dejando en claro que la estrategia no apunta a cuestionar la medida restrictiva en esta etapa del proceso.
Esta posición también fue adoptada por otros investigados, como el exsubgerente Juan Phang y las funcionarias Hilda Otoya y Lilia Flores. Sin embargo, no todos siguieron ese camino: José Samamé y Juan Alvarado optaron por oponerse al requerimiento fiscal.
Mientras tanto, el fiscal Abia inició la sustentación del pedido, que se enmarca en una investigación más amplia por presuntas irregularidades en el despliegue de material electoral durante las elecciones del 12 de abril.
El hallazgo del pasaporte en el allanamiento se convirtió en la principal razón para el que el Ministerio Público solicite el impedimento de salida del país a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Foto: Composición GEC
EL PASAPORTE EN DISPUTA
Uno de los puntos más sensibles del caso apareció en las horas previas. Durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto, la Fiscalía informó el hallazgo de un supuesto tercer pasaporte peruano, con vigencia hasta agosto de 2026.
El documento fue presentado como un elemento clave para sustentar el riesgo de fuga. Sin embargo, la defensa salió rápidamente a desmentir esa versión.
Arbizu aseguró que no existe tal “tercer pasaporte”. Según explicó, el documento encontrado ya no tiene validez legal, pues fue reemplazado por uno nuevo que el propio Corvetto entregó al Ministerio Público.
El abogado detalló que la renovación se realizó de manera anticipada por exigencias migratorias internacionales, lo que dejó automáticamente anulado el pasaporte anterior. Lo calificó incluso como un documento sin valor, “papel mojado en tinta”.
Pese a esa discrepancia, la defensa mantiene su decisión de no oponerse a la medida restrictiva. En paralelo, el caso continúa avanzando: el Poder Judicial también admitió a trámite la apelación fiscal contra el rechazo previo a la detención preliminar.
La investigación apunta a un presunto direccionamiento en el contrato con la empresa encargada del despliegue electoral, en medio de cuestionamientos por retrasos en la instalación de mesas de sufragio en Lima. Por ahora, la audiencia sigue su curso y el futuro inmediato de Corvetto queda en manos del juez.
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