El Gobierno publicó ayer el decreto de urgencia que permite al Ministerio de Energía y Minas respaldar compromisos financieros a favor de Petroperú, por dos mil millones de dólares. Al respecto, el premier Luis Arroyo aseguró que la empresa estatal no recibirá dinero público, sino del sector privado, ya que no se puede permitir que deje de laborar, al ser un aliado estratégico del Estado.
El exministro de Economía, David Tuesta Cárdenas, cuestionó esta medida, pues consideró que con los dos mil millones de dólares se podrían construir 20 hospitales nuevos en el país.
“Esos dos mil millones de dólares equivalen a ocho mil millones de soles. Eso es más de dos veces el presupuesto anual de Pensión 65, tres veces el del programa Juntos, pero también son los recursos suficientes para construir entre quince y veinte hospitales de alta complejidad”, dijo a Trome.
Luego agregó: “También se podría financiar enormes programas de agua y saneamiento rural, electrificación, conectividad, infraestructura educativa, y hasta proyectos logísticos. La Línea 2 del Metro de Lima, una de las obras más grandes del país, cuesta cinco mil millones. El monto comprometido con este decreto de urgencia (a favor de Petroperú) representa cerca del 40 % de esa megaobra”.
Tuesta Cárdenas explicó que si bien el Poder Ejecutivo no le va a dar dinero directo a Petroperú desde la caja fiscal, el hecho de que sea su aval económico va a generar otros riesgos para el país.
“En economía pública lo importante no es solo el gasto inmediato, sino quién absorbe finalmente el riesgo si la empresa no puede responder. Así, el riesgo termina recayendo sobre el Estado peruano y, por tanto, sobre los contribuyentes. Si Petroperú no logra cumplir sus obligaciones, el Estado va a tener que responder vía mayor deuda pública, reasignaciones presupuestarias, créditos suplementarios, o menores recursos para otros sectores”, explicó.
Tuesta sostuvo que esto causará diversos efectos que podrían afectar a la población, ya que el Estado ‘tendrá menor capacidad futura para financiar agua, salud, educación o infraestructura; menos espacio fiscal para inversión social; mayor costo de financiamiento del país; o presión sobre deuda pública’.
David Tuesta advirtió que uno de los problemas que también puede afrontar el Estado a mediano plazo, si sigue absorbiendo riesgos crecientes asociados a Petroperú, es que ‘puede aumentar la percepción de riesgo fiscal; subir el costo de financiamiento soberano; deteriorar la confianza; y reducir el espacio para inversión pública más productiva’.
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