Si el presidente José María Balcázar opta por otorgar una gracia presidencial a Pedro Castillo, podría afrontar un proceso en el Congreso y una investigación en la Fiscalía de la Nación, pues cometería un acto ilícito y se aprovecharía de su cargo. Así lo indicó a Trome el exministro de Trabajo, Juan Sheput.
“Sin ninguna duda (José María Balcázar quiere liberar a Pedro Castillo) (...) Lo que me sorprende es que nuestros parlamentarios están sordos, ciegos y mudos. Ellos tienen un poder potencial, y podrían decirle al señor Balcázar que podría enfrentar una acusación constitucional, si es que hace lo que se le da la gana. También podría ser investigado por la Fiscalía de la Nación, la cual determinará si es que hay delito y qué tipo de delito habría cometido”, dijo a nuestro diario.
Sheput aseguró que, si bien se ha presentado un pedido de gracia presidencial a favor de Castillo, Balcázar tiene la decisión final, aunque enfatizó que Sánchez es quien estaría detrás de esta medida, motivo por el cual visitó Palacio de Gobierno esta semana, para presionar al Poder Ejecutivo.
“Políticamente, Balcázar puede hacer lo que le dé la gana. Lo de la gracia presidencial, en un esquema político, sí se puede hacer, pero generaría un escándalo por varias razones. Primero, el señor no es condenado; segundo, no está enfermo; tercero, él intentó hacer un golpe de estado; cuarto, sería un elemento disociador, una persona para generar problemas”, sostuvo.
Luego agregó: “Creo que Roberto Sánchez sabe que la ley no permitiría que Pedro Castillo salga libre, y por eso quiere forzar esa figura a la brevedad, y eso sería un factor de ingobernabilidad, que va generar problemas disociadores, al inicio del próximo gobierno. Quiere una compañía para sus planes de generar problemas al próximo gobierno, quiere una dupla, quiere que salga el dueño del sombrero, para colgarse de su saco, y empezar a levantar al país”.
Por otro lado, el presidente Balcázar anunció ayer que el Gobierno buscará reformar el sistema de justicia, a través de un pedido de facultades en la Comisión Permanente, y planteará que fiscal que denuncia y no consigue sentencia, no debe ser ratificado.
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