Increíble. Los abogados de Pedro Castillo dieron una nueva versión sobre lo ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022, en Palacio de Gobierno, cuando éste intentó dar un golpe de Estado y ahora aseguraron que el expresidente leyó el mensaje a la nación en el que ordenaba el cierre del Congreso “bajo amenazas de muerte”.
“Fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte hacia su persona. Ese día, si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar y luego a su familia se le iba a detener. El presidente Castillo, como estratega y gran hábil, tomó una decisión de leer ese discurso”, aseguró el letrado Eduardo Pachas en conferencia de prensa.
Según pachas, esto estaría registrado en la denuncia penal 138-2023 presentada ante la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. “Ese día, por escrito y en persona, el presidente Castillo ha detallado punto por punto, en más de 60 páginas, lo que pasó el 7 de diciembre”, aseguró.
Sin embargo, en marzo pasado, Wilfredo Robles, otro de los abogados del exmandatario y que también estuvo presente en la conferencia, había dado otra versión, señalando que castillo disolvió el Congreso como “acto político” porque estaba seguro que ya contaban con los votos para vacarlo.
“Estando su suerte echada, le interesaba transmitir un mensaje a su electorado, a su pueblo, con el cual se sentía en deuda por el tema de la constituyente y del repudiado Congreso. [...] Fue un acto político, un acto de reivindicación”, dijo en aquella oportunidad.
Walter Ayala, otro de los defensores de Castillo presentes en la conferencia, aseguró que la vacancia no siguió el procedimiento regular dado que no se votó la moción presentada por el congresista Edward Málaga, sino una resolución legislativa.
“Por eso es que decimos que el presidente Castillo sigue siendo presidente de la República, porque no existió un proceso formal de vacancia”, insistió sobre un tema que el propio Congreso, el Tribunal Constitucional, destacados constitucionalistas y hasta la propia OEA, reconocieron como un golpe lo que hizo Castillo y, por ende, que la sucesión era constitucional.
En otro momento, su asesor legal, Guillermo Olivera, enfatizó que al exmandatario no se le detuvo en flagrancia ni con una orden judicial y, en consecuencia, dijo, su detención es ilegal e inconstitucional.
Eduardo Pachas, Wilfredo Robles, Walter Ayala y Guillermo Olivera, todos abogados del vacado expresidente, apelaron a una serie de argumentos falsos para defender la acción de amparo que busca anular la vacancia presidencial a la que fue sometido ese mismo día.
“En el caso de Castillo, evidentemente había flagrancia. El golpe estaba en curso. En términos técnicos, no hay discusión respecto a la flagrancia. Si alguien quiere decir que solo fue tentativa, igual es flagrancia. Esta puede durar, mínimo, 24 horas, según el artículo 259 del Código Procesal Penal”, precisó al diario ‘El Comercio’ el abogado penalista Carlos Caro.
Los defensores de Castillo también se pronunciaron sobre el recurso de amparo que será evaluado en audiencia por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima este 23 de junio.
El recurso fue presentado contra la resolución del Congreso que declaró la permanente incapacidad moral de Castillo y su vacancia el año pasado, así como contra su detención y posterior prisión preventiva.
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