SE COMPLICA. Los testimonios de su exasesor Jaime Villanueva y del narcotraficante colombiano Percy Coromoto Matos implican a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el caso de su hermana, la jueza Emma Benavides.
Según reveló el programa ‘Cuarto poder’, a las 24 horas de ser detenido, Villanueva Barreto empezó a colaborar con la justicia y contó que una de las principales motivaciones de Benavides como cabeza del Ministerio Público fue salvar a su hermana de una posible condena.
Enma Benavides es la hermana mayor de Patricia Benavides. Se trata de una jueza con 30 años de carrera y una grave acusación en su contra: haber liberado a varios investigados por tráfico de drogas a cambio de dinero.
En tanto, Coromoto Mattos fue detenido en el año 2012 junto a otras cuatro personas cuando intentaba enviar una tonelada de cocaína al extranjero. Fue condenado, pero durante el proceso y mientras buscaba su libertad, se topó con el nombre de Emma Benavides.
Según su testimonio, la hermana de Patricia Benavides pedía dinero a cambio de libertad y lo hizo a través del abogado Walter Máximo Mendoza Pérez: 150 mil dólares para pasar a comparecencia.
Jaime Villanueva, el exgerente general de la Fiscalía, ha narrado que por este y otros testimonios Patricia Benavides tuvo como prioridad ayudar a su hermana y un hecho que así lo sugiere es el cambio de Bersabeth Revilla, la fiscal que la investigaba.
Según Benavides lo hizo por su baja productividad. Sin embargo, Revilla logró que Percy Coromoto empiece a colaborar con la justicia y entregara mensajes de voz y audios que grabó cuando hablaba con el abogado Walter Mendoza.
Esas pruebas apuntan directamente a la jueza Enma Benavides, mencionada bajo el seudónimo de “La Doña”. Coromoto asegura que Mendoza Pérez no fanfarroneaba y no usó en vano el nombre de la magistrada.
Las pruebas que consiguió la fiscal Bersabeth Revilla contra Emma Benavides fueron contundentes. Por eso le ofreció a Percy Coromoto, que tiene una condena de 18 años, la opción de convertirse en colaborador eficaz y reducir su condena entre 10 a 11 años.
Desde la Prefectura, Jaime Villanueva ha contado que esa situación hizo que Patricia Benavides haga cambios en la fiscalía que investigaba a su hermana. Eso ocurrió: sacó a Revilla y puso al fiscal Uriel Terán.
Tras asumir el caso, en enero de este año Terán buscó a Percy Coromoto en la cárcel, para hacerle una nueva oferta, muy poco atractiva, a cambio de su colaboración eficaz: dos años de reducción de su condena.
“Cuando él me dice que me va a rebajar únicamente dos años yo no firmo nada porque ese no fue el propósito (...) Esos dos años me los he ganado yo aquí en talleres estudiando”, dijo Coromoto, quien detalló que Terán le mencionó que el ofrecimiento venía del “rango más alto”.
Según fuentes que conocen el caso al detalle, Jaime Villanueva ha dicho que muchas de estas coordinaciones y otro tipo de gestiones fueron realizadas directamente por Patricia Benavides desde el número telefónico: 51 510 324 98 13 y a través del aplicativo de mensajería Signal.
Según Coromoto, el fiscal Terán no validó las pruebas que él entregó, descartando así su colaboración eficaz. Incluso lo ha acusado del delito de cohecho (coima) usando las pruebas que él mismo entregó cuando postuló a la colaboración eficaz.
Según lo contado por Jaime Villanueva también se tenía un plan alternativo si los intereses de las hermanas Benavides no eran favorables en la sala del juez Juan Carlos Checkley.
La instancia que le sigue es la Sala Penal Permanente, dirigida por César San Martín. Según lo narrado por el exhombre de confianza de Patricia Benavides se iba a aprovechar la actualización de una noticia publicada en un semanario en agosto pasado donde se cuenta que el juez tuvo conversaciones con un investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
En agosto, el mismo mes que salió la publicación, la propia Patricia Benavides le informó a San Martín que tomará testimonio al juez involucrado en el caso y que esa gestión es parte de una disposición de la investigación previa.
Es decir, según Villanueva, era un arma legal que pensaban usar contra San Martín quien tendría la voz final del caso que involucra a la hermana de Patricia Benavides, dependiendo de lo que decida el Poder Judicial.
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