El Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, acudió este lunes por la tarde al Ministerio Público para rendir su declaración como parte de la investigación preliminar que le inició la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto a la presidenta Dina Boluarte y algunos exfuncionarios de su Gobierno, por las muertes registradas durante las manifestaciones antigubernamentales tras la caída de Pedro Castillo.
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El primer ministro, acompañado de su abogado y del personal policial asignado a su seguridad, llego alrededor de las 3 de la tarde hasta el piso 11 de la sede fiscal para asistir a esta diligencia fiscal.
Como se recuerda, el pasado 11 de enero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar investigación preliminar contra Otárola Peñaranda, la presidenta Dina Boluarte, y los ministros del Interior, Víctor Rojas (reemplazado luego por Vicente Romero) y de Defensa, Jorge Chávez, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La investigación también alcanza Pedro Ángulo, expresidente del Consejo de Ministros, y a César Cervantes, extitular del Interior. Otárola es el primero que se acerca a Fiscalía a declarar.
Precisamente la semana pasada, Otárola pidió al Ministerio Público mayor celeridad en encontrar a las personas “que están destruyendo el Perú”.
“Sobre las carpetas fiscales, nosotros podemos decir que estamos dispuestos a la investigación. Simplemente quisiéramos que, con la misma premura, la Fiscalía de la Nación nos diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú y los aeropuertos”, declaró el premier. l
El primer ministro también amentó las muertes ocurridas hasta el momento por las protestas y señaló que “todos vamos a llegar a la verdad” sobre los hechos y que en la visita de la Comisión Interamericana puntualizó que el Gobierno y la Policía ha sido agredido por las manifestaciones.
Otárola también aseguró que la fiscalía ha pedido actas del Consejo de Ministros y que el Ejecutivo ha entregado todos los documentos con transparencia y seguridad.
“Somos los principales interesados en que esta investigación avance y culmine y estoy seguro que en esta investigación se va a ponderar, porque conocemos el talante democrático de la fiscal de la Nación, el inmenso daño que se ha hecho al país, a la economía y a la vida de las personas”, manifestó.
El abogado penalista Andy Carrión, las investigaciones que realiza el Ministerio Público por genocidio no responderían a la tipificación correcta en el caso de la presidenta Boluarte, ya que ella “no ha dado la orden de eliminar a un grupo social, racional, ni mucho menos”.
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Según el especialista, la mandataria sería juzgada por el delito de homicidio calificado por omisión. “Ella sí va a tener que responder por el delito de homicidio calificado y no porque ella haya ido a matar, porque todos se defienden así. Homicidio calificado por omisión y yo creo que ella va a terminar teniendo penas tan altas para este delito, las cuales van entre los 15 y 20 años”, señaló Carrión.
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