
¡Alerta en Palacio! La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez, exministro del Interior y actual funcionario del despacho presidencial de Dina Boluarte.
La decisión fue tomada tras declarar fundada la apelación presentada por el Ministerio Público, revirtiendo así el fallo emitido en marzo por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que no había impuesto ninguna restricción.
La medida ya fue comunicada a todas las partes procesales, y se dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen para continuar con las diligencias. Con esta resolución, el exministro ya no podrá salir del Perú mientras duren las investigaciones.
INVESTIGADO POR ‘CULEBRA’
La Fiscalía investiga a Santiváñez por presunto abuso de autoridad, relacionado con supuestas coordinaciones con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’. Según las indagaciones, ambos habrían planificado acciones ilegales en contra de un periodista.
Uno de los elementos clave del caso es un audio entregado por el propio oficial, el cual está siendo sometido a peritaje para confirmar si la voz corresponde al exministro. La evidencia será determinante en el curso del proceso penal.
Pero este no es el único caso en su contra. El exministro también es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, tras ser vinculado a gestiones ante el Tribunal Constitucional en favor de un condenado ex policía.

SANTIVÁÑEZ HABRÍA INTERVENIDO A FAVOR DE UN CONDENADO
De acuerdo con la Fiscalía, Santiváñez —cuando aún era abogado— habría buscado la excarcelación de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, exmiembro de la Policía, a través de gestiones ante el TC. Luego, ya como ministro del Interior, habría intentado influir en el Ministerio de Justicia y en el INPE para mejorar las condiciones penitenciarias del recluso.
Un colaborador eficaz reveló que, además de cobrar honorarios legales, Santiváñez habría solicitado US$ 20 mil para “asesores externos” que supuestamente asegurarían los votos necesarios en el tribunal constitucional.
La Corte Suprema consideró que existen indicios suficientes de estas maniobras y decidió aplicar la medida restrictiva para evitar una posible fuga del país o entorpecimiento de la justicia.

COYUNTURA POLÍTICA TENSA
Esta medida judicial llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Dina Boluarte, en medio de múltiples investigaciones a funcionarios de alto nivel. Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso, ahora enfrenta una investigación que podría escalar rápidamente si los peritajes al audio confirman su implicación directa.
Por ahora, el caso continúa bajo reserva, pero la presión política y mediática sigue creciendo. La Fiscalía busca establecer si Santiváñez usó su cargo público para favorecer ilegalmente a terceros y tomar represalias contra la prensa.
Desde el Ministerio Público no se descarta solicitar otras medidas coercitivas en los próximos días, según avance el peritaje y las declaraciones de los testigos clave.











