
El Perú podría tomar una decisión sin precedentes: enviar a sus presos más peligrosos a la megacárcel del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Así lo reveló el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, al confirmar que el Ejecutivo ya evaluó la propuesta y que en los próximos días se emitirá una posición oficial.
“Este es un asunto que se tiene que ver a nivel de Gobierno a Gobierno”, señaló Arana tras participar en una actividad policial. La propuesta, inicialmente planteada por el parlamentario salvadoreño Carlos Hernández, presidente del componente latinoamericano de Eurolat, ha sido bien recibida por el Gobierno peruano como parte de su estrategia para combatir la inseguridad.
“Y lo hemos examinado en el Ejecutivo y pronto tendremos una opinión al respecto“, agregó el jefe del Gabinete Ministerial.
La medida sería anunciada como parte del plan integral de seguridad ciudadana que el Ejecutivo presentará ante el Congreso el próximo 12 de junio, cuando Arana solicite el voto de confianza.

LA CÁRCEL DE BUKELE: TERROR PARA LAS MAFIAS
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, El Salvador, fue construido por el Gobierno de Bukele para aislar a los jefes de las temidas pandillas MS-13 y Barrio 18. Con capacidad para 40 mil internos, es considerada la prisión más grande y estricta de toda América Latina.
El penal ha sido diseñado para impedir cualquier contacto de los reclusos con el mundo exterior. Allí no hay visitas, llamadas, ni privilegios. La alimentación es mínima, la vigilancia permanente y las celdas están hechas para eliminar cualquier posibilidad de comunicación.
Ese modelo —que ha generado controversia internacional por su dureza— se ha convertido en una referencia para países golpeados por el crimen organizado, como el Perú.

HAY APOYO
Uno de los principales impulsores de esta idea ha sido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Desde hace meses, viene exigiendo que los cabecillas criminales y reincidentes sean trasladados fuera del país, pues asegura que las cárceles peruanas han sido tomadas por las mafias, que siguen operando desde adentro.
“Mañana tengo una reunión con el primer ministro para ponernos de acuerdo que los 5 mil delincuentes más peligrosos del Perú no los tengamos aquí, sino en El Salvador. Le he preguntado: ¿no le importaría el costo? ‘No me importa’, me dijo. Estamos de acuerdo con el primer ministro”, aseguró recientemente el burgomaestre limeño durante una entrevista.
Arana, por su parte, ha recogido la propuesta como parte de su agenda política. La iniciativa, de concretarse, marcaría un giro radical en la política penitenciaria peruana, donde se busca cortar el nexo entre los internos y sus organizaciones criminales en las calles.
El Gobierno salvadoreño ya ha mostrado su disposición al diálogo. El diputado Carlos Hernández aseguró que El Salvador está dispuesto a coordinar con Perú, tal como ya ha hecho con Estados Unidos.

¿UNA SOLUCIÓN O UN NUEVO PROBLEMA?
Si se concreta, el traslado de reos al CECOT buscará cortar de raíz las extorsiones, cobros de cupos, amenazas y asesinatos ordenados desde las cárceles. En la actualidad, organizaciones como el Tren de Aragua, Los Pulpos o Los Injertos mantienen operaciones desde penales como Lurigancho o Challapalca, según investigaciones fiscales.
Sin embargo, la propuesta también genera dudas. ¿Qué pasará con los derechos humanos de los presos trasladados? ¿Quién asumirá los costos logísticos y de custodia? ¿Puede un país depender de otro para contener a sus criminales más temidos?
El debate está abierto, pero por ahora, el mensaje es claro: el Gobierno quiere enviar una señal de firmeza. Y para los que aún manejan el crimen desde la celda… Bukele podría estar más cerca de lo que imaginan.