La decisión llegó sin votos en contra. La Junta Nacional de Justicia resolvió no ratificar a José Domingo Pérez Gómez en su cargo como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, tras un proceso de evaluación que revisó su desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El acuerdo fue adoptado por unanimidad del pleno, en el marco de la Convocatoria N.º 002-2024-Ratificación/JNJ. Se trató de una evaluación periódica, parte de los mecanismos establecidos para revisar la continuidad de jueces y fiscales en el sistema de justicia.
El caso de Pérez correspondía al Distrito Judicial de Lima. Su permanencia fue analizada bajo los criterios que rigen estos procesos, que incluyen aspectos vinculados al desempeño funcional y la conducta en el cargo.
Según lo señalado por la JNJ, la ratificación no es automática. Depende de la confianza institucional que se tenga sobre el magistrado, sustentada en la convicción de que ejerce sus funciones con mesura, respeto al marco normativo y dedicación al servicio de justicia.
Sin embargo, esa convicción no se alcanzó.
El organismo indicó que realizó una evaluación integral de los elementos vinculados al desempeño del fiscal. En ese análisis se consideraron distintos aspectos de su actuación dentro del Ministerio Público.
Tras revisar de manera conjunta los elementos recopilados, el pleno concluyó que no se alcanzó la convicción positiva necesaria para respaldar su permanencia en el cargo.
La consecuencia fue directa: se dispuso su no ratificación conforme a los parámetros establecidos por la normativa vigente.
La medida implica que José Domingo Pérez no continuará como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios. La resolución será remitida al Fiscal de la Nación para las acciones correspondientes.
Desde la JNJ se reiteró que estos procesos buscan asegurar estándares adecuados en el ejercicio de la función pública, en resguardo de la institucionalidad y del servicio de justicia.
La decisión se enmarca dentro de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia. No se trata de un proceso excepcional, sino de un mecanismo regular de evaluación de magistrados.
El objetivo, según el organismo, es garantizar que jueces y fiscales mantengan niveles de idoneidad, conducta y desempeño acordes con las exigencias del sistema judicial.
En ese contexto, la no ratificación responde a la falta de confianza institucional tras la evaluación realizada.
Este escenario se produce meses después de una medida previa. En enero, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público dispuso el apartamiento preventivo de Pérez por seis meses, al atribuirle presuntas faltas muy graves relacionadas con su actuación en investigaciones.
Entre los elementos mencionados en ese proceso, se incluyeron observaciones reiteradas del Poder Judicial a una acusación, lo que habría generado demoras.
Ahora, con la decisión de la JNJ, el caso entra en una nueva etapa. El acuerdo será comunicado y ejecutado conforme a los procedimientos vigentes.
El proceso de evaluación concluyó. Y con él, también su permanencia en el cargo.
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