El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, permanecerá en el cargo, pese a contar con dos sentencias firmes que, de acuerdo con la ley, lo inhabilitaban para postular. Así lo resolvió el pleno de la institución al rechazar la moción de vacancia presentada en su contra.
La votación dejó en evidencia un marcado blindaje: los consejeros María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo optaron por respaldar la permanencia de Ríos. Solo Francisco Távara y Germán Serkovic votaron a favor de su salida.
El caso se remonta a un proceso de divorcio iniciado en 2004, en el que el Primer Juzgado de Familia de La Molina determinó que Ríos ejerció maltrato psicológico contra su entonces esposa. La sentencia incluyó medidas de protección y se basó en pericias psicológicas y documentos notariales con amenazas. El propio magistrado reconoció además que en 2011 se dictó otra sentencia en su contra por causal de divorcio con violencia psicológica.
La polémica surge porque la Ley Orgánica de la JNJ establece que quienes tengan sentencias por violencia familiar no pueden integrar esta institución. Sin embargo, cuando Ríos postuló en 2023, el entonces presidente de la comisión especial, Josué Gutiérrez, evitó cuestionar el antecedente alegando “respeto a la privacidad familiar”.
La decisión del pleno generó fuertes críticas de colectivos y congresistas. La parlamentaria Flor Pablo calificó la resolución como un “nefasto mensaje de impunidad”, recordando que Ríos ocultó estos antecedentes al postular. En la misma línea, la abogada Beatriz Ramírez denunció que la mayoría de la JNJ “desconoce sentencias por violencia con calidad de cosa juzgada”.
Desde el movimiento feminista también hubo rechazo. La activista Susana Chávez sostuvo que la institución queda marcada por “proteger a su presidente con semejante mancha”, lo que refleja una justicia “más podrida que nunca”.
Pese a las críticas, la defensa legal de Ríos insistió en que no se trata de una condena penal y que los hechos ocurrieron antes de la Ley 30364, que tipificó la violencia contra la mujer. Su abogado Julio Rodríguez afirmó que su cliente “no es un agresor” y que los peritajes lo avalan, mientras que Víctor García Toma señaló que la votación refleja que los fundamentos de la vacancia fueron desvirtuados.
La controversia también apunta a un doble rasero. En el pasado, la JNJ destituyó a otro integrante por antecedentes similares. Sin embargo, en este caso el respaldo fue mayoritario. La permanencia de Gino Ríos hasta diciembre de 2025 abre un debate sobre la transparencia en la designación de autoridades y la coherencia ética de quienes deben velar por la justicia en el país.
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