“Mataron a José Miguel Castro, lo han degollado porque hay mucho dinero de por medio y esperan borrar todo. Hay una mafia con conexiones internacionales”, afirmó ayer el excongresista Víctor Andrés García Belaunde sobre la muerte del ex mano derecha de Susana Villarán. Recordó que el fallecido fue el cerebro para extender por diez años el contrato lesivo con OAS y la Línea Amarilla.
A su turno, la penalista Romy Chang, dijo: “La forma en que habría ocurrido la muerte no me hace ver un suicidio. Más bien me hace recordar el caso de Qali Warma, de Nilo Burga, donde hubo una muerte similar. Me preocupa que estemos hablando del mismo sicario, de una organización que busca esconder información que no conocemos”.
Y para el jurista Andy Carrión, la muerte tiene que ser esclarecida porque son ‘circunstancias extrañas’. “No debería cerrarse la hipótesis de un homicidio. Deberíamos preguntarnos ¿a quién beneficia?”.
En tanto, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, calificó la noticia de ‘terrible’ y “da la sensación de que detrás hay un grupo que maneja situaciones irregulares”. “Es curioso que alguien que negocia ser un colaborador especial termine muerto”, indicó.
A su vez, el excongresista Juan Sheput también sospecha de un homicidio. “Ya antes hubo sospechosas muertes de personas que sabían mucho: Andrea Vidal (Congreso), Nilo Burga (Qali Warma) y ahora Castro con el municipio de Lima”.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que solicitará al Poder Judicial que se lea en el juicio oral las declaraciones brindadas por el fallecido, pese a no haber firmado un convenio de colaborador especial. Explicó que la ley permite esto cuando fallece un testigo clave. Añadió que Castro no expresó inquietudes relacionadas con su seguridad personal, pero “tenía cierta preocupación”.
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