El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, solo acusó al expresidente Martín Vizcarra por uno de los cinco delitos por los que se le investigaba desde el 16 de octubre del 2020, y que terminaron determinando su destitución por “permanente incapacidad moral”.
Finalmente, después de más de dos años de investigación, la única acusación presentada, ante el Quinto Juzgado Penal Nacional de Investigación Preparatoria contempla el delito de cohecho pasivo propio por hechos vinculados a su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre el 2011, en relación con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua.
Por ese delito, el fiscal solicita 15 años de prisión para el exmandatario. Cabe recordar que Vizcarra era investigado por cinco presuntos delitos: colusión agravada, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio, usurpación de función pública y asociación ilícita para delinquir.
La cantidad de delitos por los que se le acusaba fueron pieza clave y principal sustento del proceso de vacancia del expresidente de la República y su posterior inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años, ello por permanente incapacidad moral o por pertenecer a una organización criminal de corrupción estatal, respectivamente.
Es por ello que el abogado del exmandatario, Fernando Ugaz, manifiesta que esta acusación fiscal refuerza las denuncias y demandas respecto a la falta de sustento de los procesos de destitución e inhabilitación de su patrocinado.
En tal sentido, Martín Vizcarra espera que ahora el Poder Judicial anule su inhabilitación, pues aguarda que una resolución favorable en un proceso de amparo lo rehabilite y pueda postular a cargo de elección. De esta manera, su demanda de amparo sería reforzada con la acusación de la Fiscalía y el archivo de los otros delitos.
Cabe recordar que el pleno del Congreso de la República aprobó, el pasado 9 de febrero, el informe final elaborado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cometidos durante la pandemia de la Covid-19.
Asimismo, el dictamen sugiere acusar constitucionalmente a las exministras de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y de Salud, Elizabeth Hinostroza, en la modalidad de colusión en agravio del Estado.
Es así que, en medio de la complicada situación política en la que se encuentra el expresidente Martín Vizcarra, ahora se conoce que el fiscal Juárez Atoche resolvió mandar al archivo cuatro de los delitos por los que le inició investigación.
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