La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, consideró que el Congreso deberá definir qué se entiende por vacancia por incapacidad moral permanente luego de que dicha instancia rechazara por mayoría la demanda competencia presentada por el Ejecutivo.
En un pronunciamiento, indicó que el pleno del TC “ha perdido la posibilidad de haber dejado sellada” esa interpretación constitucional, luego que el Tribunal del 2003 definiera que se necesitaban 87 votos para aprobar la vacancia del presidente de la República.
“Hoy en el año 2020 este nuevo pleno del Tribunal pudo tener la posibilidad de decir algo más en relación al proceso de vacancia y de manera concreta, a la causal de permanente incapacidad moral. La historia se lee así, hay una posición en mayoría que ha decidido guardar silencio y decir que aquí no hay nada que discutir”, señaló.
“No hay una cosa juzgada porque no hay un pronunciamiento de fondo. El Congreso puede hacer algo, sí; en una reforma constitucional puede decantar qué se puede entender por ello, y puede decantar hablando de una incapacidad física o que la incapacidad moral es una incapacidad mental”, añadió.
En ese sentido, Ledesma refirió que son dos las versiones que se debieron debatir sobre lo que se entiende por incapacidad moral permanente: que el mandatario tiene trastornos mentales y que ya no está en la posibilidad de gobernar un país; o que es un reproche social a una conducta permanente que se contradice con los valores la sociedad quiere personificar en el presidente de la República.
“Quedará posiblemente a la labor de futuros magistrados que vengan y que de repente en otras jurisprudencias puedan ir sellando esta interpretación, o si no quedará a la luz de lo que el Congreso pueda hacer, tal vez en una reforma constitucional donde claramente señale cual es de estas dos opciones se va a asumir en esta causal de vacancia”, acotó.
Respecto a los pedidos de organismos internacionales, como la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), Ledesma precisó que se les tendrá que comunicar la decisión en mayoría, “que el pleno ha decidido no decir nada sobre el tema y esa es la decisión oficial y es la que rige institucionalmente”.
Respecto a la posibilidad de que el Congreso deje el proceso de elección de los nuevos magistrados del TC al próximo Congreso elegido en abril del 2021, Ledesma prefirió no opinar sobre el petitorio de varias bancadas sobre el tema.
“En esa labor, la ciudadanía tiene que ser vigilante de quienes se elijan como miembros del Tribunal porque también todo juez constitucional ubicado en esta cumbre, en esta posición del Tribunal Constitucional, toca la vida de todos los ciudadanos, directa o indirectamente, y todos debemos estar atentos en saber quiénes son esas personas que van a decir, directa e indirectamente, sobre la felicitad o no felicidad de los ciudadanos”, sentenció.
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