El abogado penalista Luis Lamas Puccio cuestionó la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Martín Vizcarra y la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ya que consideró que deberían ser acusados por el presunto delito de genocidio.
“Yo soy de la opinión que lo deben denunciar por genocidio, sin perjuicio de otras responsabilidades penales, como cohecho internacional. No solo él, sino los que resulten responsables. Hablamos de la muerte negligente, incluso hasta dolosa, de unas 200 mil personas, como resultado del manejo pernicioso que se le dio al Covid. Su gobierno se negó a aceptar ayuda del sector privado y de otros países”, dijo.
LOS DELITOS
En ese sentido, consideró importante que la Fiscalía recapacite sobre su denuncia, y corrija el delito por el que se acusa al exmandatario en el caso “Vacunagate”.
“Para mí, lo debieron haber denunciado por cohecho, colusión, abuso de autoridad, y genocidio, que considero es el más importante. Lo que sí me llama la atención es que la Fiscal recién esté formalizando la denuncia, ya han pasado más de dos años (...) La Fiscalía podría variar [su denuncia]”, explicó.
NO TIENE FUERZA
Lamas Puccio detalló que por el presunto delito de concusión, Vizcarra podría recibir una pena de 10 años, similar a la que recibiría si es encontrado culpable por cohecho activo internacional, aunque consideró que la imputación de estos delitos sería débil.
“Eso de concusión es un saludo a la bandera. La Fiscalía está investigando este delito, mientras el Congreso va iniciar un juicio político, luego será denunciado ante la Corte Suprema, a través de la Fiscalía Suprema. Eso ya son dos o tres años (...) Una pena de concusión o de cohecho activo internacional fluctúa entre ocho o 10 años, pero además de eso, creo que no [hay argumentos]”, acotó
LA DENUNCIA
Como se recuerda, el último jueves la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti, por el presunto delito de concusión, en el marco del caso “Vacunagate”.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público que en esta denuncia, se incluya el presunto delito de cohecho activo internacional, que establece una pena de cinco a ocho años. El exmandatario habría favorecido a la empresa china Sinopharm en la adquisición de vacunas contra el coronavirus.