¡En la mira de la justicia! La fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó ayer al Poder Judicial que dicte una orden de 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, el excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, y la exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra.
Según el documento del pedido de prisión preventiva, Castañeda Lossio habría recibido US$480 mil de OAS como aporte para la campaña que lo llevó a la Alcaldía de Lima por tercera vez. La fiscalía le imputa los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.
Según informó el diario ‘El Comercio’, José Luna Gálvez es investigado por lavado de activos y asociación ilícita; y Zegarra, por tráfico de influencias, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Ambos también habrían formado parte de una organización criminal con Castañeda.
Para la fiscalía, existe peligro de fuga de Luis Castañeda Lossio porque en más de una ocasión mostró resistencia a cumplir mandatos de la autoridad. Detalla que el exalcalde solicitó la reprogramación de su declaración prevista para el 24 de junio del 2019 veinticinco minutos antes de que esta se iniciara sin fundamentar los motivos por los cuales no asistiría.
Solo envió un certificado médico que, de acuerdo con la fiscalía, habría sido “obtenido para eludir el llamado de la autoridad”. Asimismo, el requerimiento fiscal refiere que existe peligro de “reintegración de la presunta organización criminal”.
En el requerimiento se incluyó la declaración al Ministerio Público de Martín Bustamante, quien era el hombre de confianza del exalcalde y ahora es el principal colaborador de la fiscalía.
En su testimonio, señaló que Castañeda le solicitó “no echar a Giselle Zegarra Flores ni a José León Luna Gálvez”. Según Bustamante, con ello Castañeda buscaba “proteger a dos de los brazos operadores de la organización criminal que lidera”.
En su pedido, la fiscalía incluyó otra revelación de Bustamante que describe la conducta obstruccionista del exburgomaestre a través de las amenazas que recibió de José Quispe Lévano, “quien es una persona muy cercana al señor Luis Castañeda”.
Según el documento, Luis Castañeda Lossio busca tener “injerencia […] en el resultado del proceso penal, lo que evidencia su intención de manejar, direccionar, manipular u operar el presente proceso en favor suyo”.
Asimismo, se afirma que el exalcalde no tiene arraigo familiar ni laboral, pues es divorciado, sus hijos superan los 30 años, se presentó a la fiscalía como jubilado y su militancia al partido Solidaridad Nacional está suspendida.
Agregó que tampoco tiene arraigo porque traspasó el 66% de las acciones y derechos de su vivienda ubicada en Santiago de Surco a su hijo Carlos Castañeda Pardo. Además, la camioneta en la que se moviliza está a nombre de Martín Bustamante.
La fiscalía sostiene que como alcalde Castañeda habría favorecido indebidamente a OAS en la negociación y suscripción de la adenda número 2 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, así como suspendido la ejecución del proyecto Río Verde para que, a cambio, se usara el dinero del fideicomiso en la construcción del ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio.
El pedido de prisión preventiva para Luna se sustenta en que el excongresista habría obstruido la investigación al comunicarse con dos testigos de la fiscalía para influir en sus testimonios.
Durante el allanamiento de su vivienda, la fiscalía encontró el currículum vítae de Marjhory Palacios, hija de John Richard Palacios Meza, uno de los presuntos aportantes fantasmas de la campaña edilicia de Castañeda. Palacios tiene un ingreso mensual de S/ 6.300, pero en la ONPE aparece con un aporte de S/ 24 mil.
Además, el requerimiento señala que Luna tuvo una conducta obstruccionista durante el allanamiento de su vivienda. Después de varias horas de búsqueda, la fiscal Salazar encontró en el automóvil que usa su hijo José Luna Morales S/ 302.802 en efectivo.
Para la fiscalía, existiría una “sospecha grave” de peligro de fuga de Zegarra porque no tendría arraigo domiciliario ni laboral, debido a que se mudó de domicilio -el que había registrado- sin avisar al despacho fiscal.
En el requerimiento, Salazar sostuvo que no puede concluir que Zegarra tenga arraigo laboral porque no ha acreditado actividades propias como abogada. Resaltó que la empresa que tiene registrada funciona en un domicilio alquilado y que esta, además, fue utilizada por la exfuncionaria para prestar servicios a OAS y a la Municipalidad de Lima.
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