ABRIERON LAS REJAS. Luego de catorce horas, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional acordó revocar la detención preliminar por 10 días dictada el último viernes contra el hermano de la presidenta de la república, Nicanor Boluarte, su abogado Mateo Castañeda y otros investigados por el caso Los Waykis en la Sombra.
En su resolución, la instancia señaló que: “Nicanor Boluarte sí presenta arraigo en el país, siendo el único indicador de cierta posibilidad de fuga la gravedad de la pena. Sin embargo, ello por sí solo no constituye un elemento determinante. En ese orden de ideas, no existe evidencia objetiva alguna de que el investigado Nicanor Boluarte pueda ser proclive a incurrir en peligro procesal, ameritando ello la revocatoria de la detención preliminar e incomunicación”.
En la diligencia participó la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, quien precisó que hay pruebas para vincular al hermano de la presidenta Dina Boluarte con ofrecimiento de ‘promesas ilegales’ para archivar su caso.
A su turno, el abogado de Mateo Castañeda criticó al juez que ordenó su detención.
Más temprano, Nicanor Boluarte insistió en que no es parte de ninguna organización criminal.
“Han allanado la casa de mis papás en Apurímac, a la que no voy hace muchos años”, expresó.
Su abogado Luis Vivanco, dijo: “Este fallo sienta un precedente. Demuestra que la detención fue absolutamente arbitraria, nunca debió darse”.
Cabe recordar que, luego de la detención, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda apelaron. Lo mismo hicieron los investigados Jorge Ortiz, Noriel Chingay y Jorge Chingay (quien se mantuvo no habido y no llegó a ser detenido). Otros tres investigados, Víctor Merino, Zenovia Herrera y Edwin Ugarte, no apelaron la resolución y seguirán cumpliendo la orden de detención de 10 días, que se vence el lunes 20 de mayo.
En el caso particular de Nicanor Boluarte, los jueces consideraron que su sola presunta pertenencia a una presunta organización criminal no podía determinar que tenga riesgo de fuga.
Señalaron que el juez de primera instancia justificó una supuesta falta de arraigo económico con un dato errado. También consideraron que el presunto ofrecimiento hecho por Mateo Castañeda a dos coroneles de la PNP para interceder a favor del hermano de la presidenta está bajo investigación y no puede justificar el riesgo de obstaculización.
Lo mismo se extendió para Mateo Castañeda y el resto de apelantes. Se resolvió que no se hizo “un desarrollo individualizado” de sus riegos procesales. Incluso advirtieron que el juez copió “argumentos medulares sobre el peligro procesal coincidentemente con los demás investigados”. “No es necesaria la medida de detención preliminar, menos aún el estado de incomunicación de los investigados”, leyó la jueza Torres.
La decisión es de segunda instancia, por lo que no puede ser apelada. Por otro lado, la liberación de los detenidos no implica que el caso no seguirá siendo investigado.
En la audiencia, Marita Barreto dijo que, con la evidencia recogida tras las detenciones de los investigados, la tesis fiscal había sido “sólidamente corroborada y seguramente el fiscal del caso lo plasmará en la formalización de la investigación”. En este tipo de casos, la formalización de una investigación suele venir de la mano con pedidos de prisión preventiva. La decisión respecto de una solicitud de ese tipo se conocerá en los próximos días.
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