Fiscalía pide 36 meses de impedimento de salida del país contra Keiko Fujimori

Keiko Fujimori cumplió 48 años este jueves 25 de mayo, pero no tiene mucho tiempo para celebrar pues seguramente estará preocupada en organizar su defensa legal para el denominado ‘caso Cocteles’. A poco de que se inicie el juicio oral, donde se le imputan delitos de lavado de activos y organización criminal, la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial que dicte una serie de reglas de conducta contra la lideresa de Fuerza Popular, entre ellas 36 meses de impedimento de salida del país.

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La fiscal adjunta Paulina Roques, del equipo especial Lava Jato, señaló que la grave pena a la que se enfrenta Keiko Fujimori (30 años y 10 meses) conlleva un riesgo de fuga que justifica la imposición de esta medida, por lo que también se solicitó que se eleve el pago de su caución a S/ 1 millón.

El objetivo es asegurar su presencia en el país y su sometimiento al proceso judicial mientras dure el juicio oral en su contra y se tenga una sentencia.

Según señala un informe del diario ‘El Comercio’, desde que se le revocó la prisión preventiva en abril del 2020, Fujimori tiene cinco reglas de conducta: no ausentarse de su lugar de residencia (Lima) sin permiso del juez; pasar por control biométrico y justificar sus actividades cada mes; presentarse ante la fiscalía y el Poder Judicial cada vez que sea requerida; no comunicarse con testigos (vinculados a los falsos aportes en el caso) y coimputados; y el pago de S/ 70 mil como caución.

El pedido de la Fiscalía es que varíen dos de esas reglas: que los controles de la acusada sean cada 15 días y que la caución se incremente a S/ 1 millón; y que se añadan otras, como la del impedimento de salida. Todo esto para asegurar que no se interfiera en el desarrollo del futuro juicio y hasta que culmine el proceso judicial.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS REGLAS SOLICITADAS PARA KEIKO FUJIMORI?

1. No comunicarse con testigos ofrecidos para el juicio
2. No comunicarse con colaboradores eficaces del caso
3. No comunicarse con coimputados, testigos y peritos ofrecidos para el juicio
4. No comunicarse con abogados y coacusados del proceso
5. No comunicarse con exjueces de la Corte Suprema, exfiscales supremos y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura ofrecidos como testigos,
6. No comunicarse con funcionarios de la Superintedencia de Banca y Seguro (SBS) y directivos del Banco de Crédito del Perú (BCP)
7. No comunicarse con funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec
8. No comunicarse con congresistas y excongresistas que estén dentro de la lista de testigos
9. No comunicarse con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de empresas procesadas en el caso Club de la Construcción
10. No comunicarse con propietarios, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de medios de comunicación
11. No emplear de forma directa o indirecta las redes sociales para obstruir o entorpecer la administración de justicia, en relación a los hechos relacionados a este proceso.
12. No declarar en prensa o redes sociales en relación a los hechos vinculados a este proceso.
13. El deber de señalar los inmuebles o residencia, así como propietarios y poseedores, a los que asiste
14. Prohibición de usar a Fuerza Popular, afiliados, militantes, candidatos, simpatizantes y cualquier persona vinculada para realizar acciones directas o indirectas de entorpecimiento a la justicia.

Las medidas se piden para los siguientes acusados: Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona y Mark Vito Villanella. Adicionalmente, se ha pedido una vigilancia judicial para el partido Fuerza Popular, procesado en este caso como persona jurídica.

CASO COCTELES

El juez ya ha validado la acusación de la fiscalía a nivel de forma (formal) y fondo (sustancial), por lo que el caso pasará a juicio una vez terminado el control de acusación. Sin embargo, la defensa de Keiko Fujimori advirtió durante la audiencia del martes que aún es posible que una sala de apelaciones les dé la razón y el caso se archive sin pasar a etapa de juzgamiento.

En suma, la imputación fiscal es que Keiko Fujimori lideró una organización criminal que lavó más de US$ 10 millones provenientes de empresas (entre estos US$ 1 millón de Odebrecht) para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016, en las que postuló sin éxito a la presidencia. La defensa de la lideresa fujimorista rechaza la tesis fiscal. Será en el juicio donde finalmente se determinará si la acusada es culpable o inocente.

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