José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial para el Caso Lava Jato, indicó que la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori deben servir para reflexionar sobre la continuidad de Pedro Chávarry a cargo del Ministerio Público.
"Lo único que voy a indicar hoy es que, lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a reflexionar sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación", declaró José Domingo Pérez tras salir de la audiencia contra Keiko Fujimori.
Estas fueron las únicas declaraciones que hizo el fiscal José Domingo Pérez que investiga a Keiko Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular luego que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara 36 meses de prisión preventiva contra la excandidata presidencial.
Durante la lectura de la resolución, el magistrado consideró que sí había elementos suficientes para tener una "sospecha grave" de que Keiko Fujimori cometió el presunto delito de lavado de activos a la cabeza de una organización criminal que se armó "de facto" dentro de Fuerza Popular, conocida como Fuerza 2011 cuando Odebrecht habría realizado un aportes de 1 millón de dólares en la campaña presidencial del 2011.
Otros elementos que destacó el magistrado fueron las capturas de pantalla que mostraban coordinaciones en un chat de WhatsApp llamado 'La Botica' en las cuales consideró que se pudo apreciar que hubo órdenes de Keiko Fujimori para blindar al exjuez supremo César Hinostroza.
Richard Concepción Carhuancho también tomó en cuenta los testimonios que obtuvo José Domingo Pérez de colaboradores eficaces que revelaban que, por orden de Keiko Fujimori, Fuerza Popular busca prolongar las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, con el objetivo de presionar a esta autoridad y así obtener decisiones desde el Ministerio Público a favor de la ex candidata presidencial.
Estos presuntos acercamientos entre Fuerza Popular a magistrados y autoridades como el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fueron suficientes para que el juez Richard Concepción Carhuancho considere que habría un peligro procesal que solo podía ser combatido con una orden de prisión preventiva.