El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso, en el que propone que se sancione la difusión de información reservada en una investigación.
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“El IPYS reitera su rechazo al proyecto de ley claramente violatorio de la libertad de información aprobado por el Consejo de Ministros, que criminalizaría las publicaciones periodísticas sobre investigaciones judiciales”, señaló la entidad.
En la misma línea, resaltó que este planteamiento del Gobierno no tiene relación con la necesidad de proteger la acción de la justicia y, por el contrario, sería un intento de proteger a quienes son investigados por corrupción dentro del Gobierno, como en al caso del presidente Pedro Castillo.
“Lo consideramos un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del Gobierno, como parte del conjunto de acciones destinadas a obstruir la acción de la justicia que estamos presenciando”, sostuvo IPYS.
El instituto señaló hay una grave situación en el país luego de que el Ministerio Público planteara una hipótesis fiscal que indica que el jefe de Estado habría sido el líder de una organización criminal que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Por tal, aseveró que la sociedad civil no debe permitir que los investigados empleen su poder para beneficiarse. En ese sentido, la entidad acotó que Castillo Terrones tiene que ser apartado de su cargo.
“La sociedad civil debe responder frontalmente a estos embates e impedir que, en una situación de emergencia nacional, los investigados empleen su poder de control sobre las riendas del país para destruir libertades constitucionales y asegurar su impunidad. Esto obliga a debatir la necesidad de que el presidente de la República, el principal imputado, sea apartado de sus funciones según lo prescrito por la Constitución”, manifestó.
Como se recuerda, el último viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que se presentó el proyecto de ley que busca sancionar, en algunos casos, la difusión de información reservada hasta con 4 años de prisión efectiva.
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