La sentencia contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia es un logro del fiscal Germán Juárez y su equipo, que trabajaron casi silenciosamente, como deben hacerse las investigaciones. Una lección que deberían aprender su jefe Rafael Vela y el fiscal suspendido José Domingo Pérez, a quienes les encantan las cámaras y aparecer en las primeras planas de los medios.
El martes, minutos después de que se conoció que la pareja había sido condenada a 15 años de prisión efectiva, Vela y Pérez aparecieron flanqueando a Juárez. Para variar, se mandaron con declaraciones de corte político tratando de enmendar sus gruesos errores en otros procesos del caso Lava Jato.
Juárez construyó su caso con la paciencia de una hormiga: logró contactar a unos 220 testigos y presentó 1198 documentos como pruebas. Todo lo contrario de lo que hizo José Domingo Pérez en el caso Los Cocteles de Keiko Fujimori, en donde ha presentado 5 mil pruebas para analizar, 1031 testigos y cometió varios abusos legales, que han hecho que ese proceso esté a la deriva. Muchos han olvidado que Juárez tenía en sus manos el caso de Fujimori hasta que apareció Pérez.
Un punto fundamental se centra en las versiones de los testigos, quienes declararon que nunca hicieron aportes a la campaña del partido de los Humala. Sus nombres fueron utilizados para justificar los millonarios ingresos que manejaron en las campañas del 2006 y 2011. “Yo no tenía ni para comer, menos para dar aportes”, dijo uno. A otros que sí habían aportado les colocaron sumas que superaban largamente lo donado.
Otro punto medular fue la identificación de seis empresas, a través de las cuales —según la sentencia del juzgado colegiado— se manejaron los fondos provenientes del gobierno del ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht.
La sentencia completa recién se conocerá el 29 de abril, pero, en rigor, el fallo también ha sido cuestionado no solo por la defensa de los Humala, sino también por conocidos abogados. Ellos sustentan que, cuando ocurrieron los hechos, los aportes de campañas electorales no eran ilícitos.
Aseguran que tampoco existe lavado de activos. Para que ese delito se configure, las personas que recibieron la plata tendrían que haber sabido y tenido conocimiento que dicho dinero era proveniente de acciones ilícitas. En el caso específico de los aportes de Odebrecht, en el año 2011 los Humala ni nadie sabía que la empresa era corrupta.
Por el contrario, era una de las más prestigiosas en el mundo. Aquí en Lima, por ejemplo, hasta financiaba publicaciones del Poder Judicial y de otras entidades públicas. Más aún, Jorge Barata, el representante de esa compañía en el país, organizaba suculentos almuerzos y cenas a donde acudía la flor y nata de la política y conocidos periodistas limeños. Nadie sabía, como es obvio, de sus manejos sucios.
El caso de la familia Humala recién empieza y terminará en la Corte Suprema. Marcará la ruta a seguir en el caso de Los Cocteles de Keiko Fujimori. Ambos casos, con algunas diferencias, son gemelos. Nos vemos el otro martes.
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