El Tribunal Constitucional (TC) ordenó ayer la liberación de la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, al considerar que se vulneró el derecho de ‘no padecer detenciones arbitrarias’ de la exfuncionaria, lo cual habría ocurrido por negligencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, cuando tramitaron la ampliación de su prisión preventiva.
Cabe precisar que la primera prisión preventiva de 18 meses contra Chávez venció el 19 de diciembre del 2024, sin embargo, la fiscal Galinka Meza presentó el 18 de ese mes, un pedido de ampliación, el cual fue resuelto por el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, el 27 de diciembre, ocho días después de culminada la primera medida.
La exprocuradora Katherine Ampuero indicó a Trome que la liberación de Chávez solo tiene un responsable: El Ministerio Público. En ese sentido, señaló que el TC actuó como mandaba la ley.
“La libertad dispuesta por el Tribunal Constitucional (para Betssy Chávez), es a consecuencia y responsabilidad del Ministerio Público. La Fiscalía no requirió a tiempo la ampliación del plazo de la prisión preventiva que venía cumpliendo Betssy Chávez en un penal (Anexo de Mujeres de Chorrillos). Nos guste o no, las leyes se tienen que aplicar igual para todos. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es eso, respetar las leyes, sin mirar de quién se trata. Así que el Ministerio Público tiene que asumir su responsabilidad, por no haber hecho los requerimientos a tiempo, y esperamos que no vuelva a suceder una situación como esta”, señaló a nuestro diario.
La abogada indicó que este accionar de la Fiscalía, de solicitar medidas a último momento, ‘trae graves consecuencias, porque lo que hace es que las personas que están afrontando delitos muy graves, como en el caso de Betssy Chávez, se puedan fugar del país, y ya no responder ante la justicia. A eso nos está exponiendo el Ministerio Público con su inacción’.
Sin embargo, Ampuero explicó que, si bien ahora Chávez está en libertad por una decisión del TC, esto no impide a que la Fiscalía solicite una nueva prisión preventiva.
“Frente a esta orden del Tribunal Constitucional, de que se disponga su inmediata libertad, la Fiscalía está facultada para hacer un requerimiento, inmediatamente, donde pueda pedir restricciones a su libertad personal, para evitar que se pueda fugar del país. Incluso puede solicitar nuevamente una prisión preventiva en su contra, o de lo contrario, pedir algún otro tipo de restricción, como arresto domiciliario, impedimento de salida del país, entre otras. Aquí el Tribunal Constitucional le está dando libertad, porque el Ministerio Público no solicitó a tiempo la ampliación de la medida, pero el Tribunal Constitucional no ha dicho que no se cumplen los requisitos de la prisión preventiva, que es una situación muy distinta. Si el TC hubiera dicho que no se cumplen los requisitos de la prisión preventiva y el peligro de fuga ha desaparecido, ahí sí el Ministerio Público no podría solicitar una nueva medida de prisión preventiva”, apuntó.
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