La decisión llegó desde la Fiscalía y abre un nuevo capítulo judicial. El Ministerio Público solicitó 3 años y 6 meses de prisión contra el expresidente Francisco Sagasti por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú en noviembre de 2020.
El requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a través del fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, quien asumió el caso tras la inhibición de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
La acusación sostiene que el exmandatario habría incurrido en presunto abuso de autoridad al tomar decisiones que, según la tesis fiscal, excedieron sus competencias durante el gobierno de transición.
El caso será evaluado en una audiencia de control de acusación programada para el 26 de marzo, donde el Poder Judicial deberá determinar si el proceso avanza a juicio oral.
El expediente se remonta a noviembre de 2020, pocos días después de que Sagasti asumiera la presidencia en medio de un contexto político y social complejo.
En ese periodo, se dispuso el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú, una decisión vinculada a la designación de César Cervantes como comandante general de la institución.
Cervantes ocupaba el puesto 18 en el escalafón, lo que, de acuerdo con la normativa, implicaba el retiro automático de oficiales con mayor antigüedad.
Para la Fiscalía, este conjunto de decisiones configura un presunto exceso en el ejercicio de funciones, lo que sustenta la acusación por abuso de autoridad.
El proceso tiene su origen en una denuncia constitucional impulsada desde el Congreso, en la que se cuestiona la legalidad de las medidas adoptadas desde el Ejecutivo.
La audiencia de control de acusación será dirigida por el juez supremo Juan Carlos Checkley y se realizará de manera virtual. En esta etapa, se evaluará la consistencia de la acusación, la suficiencia de las pruebas y la calificación del delito.
Además, la Procuraduría General del Estado ha solicitado una reparación civil de 400 mil soles, argumentando un presunto daño institucional a la Policía Nacional y afectaciones en la carrera de oficiales.
La acusación también alcanza a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice, para quienes se solicitó 2 años y 6 meses de prisión. No obstante, el caso de Vargas fue archivado tras declararse fundada una excepción presentada por su defensa.
En el caso de Élice, su situación será evaluada dentro del mismo proceso judicial.
Desde la defensa de Sagasti, se ha adelantado que se cuestionará la acusación. Su abogado, Carlos Rivera, sostiene que las decisiones adoptadas se realizaron dentro del marco legal y respondieron a criterios de gestión institucional.
Asimismo, se indicó que se solicitará el archivo del caso, argumentando que las medidas estaban permitidas por la normativa vigente en ese momento.
El proceso se suma a otros que involucran a exmandatarios peruanos, donde se analizan decisiones tomadas desde el poder en contextos de crisis.
Por ahora, la decisión queda en manos del Poder Judicial. La audiencia marcará el rumbo del caso y definirá si el expediente avanza o se detiene en esta etapa preliminar.
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