En el papel, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados se encarga de investigar, evaluar y proponer sanciones ante las denuncias por malas conductas que puedan cometer los integrantes de todas las tiendas políticas. En otras palabras, fomenta los principios de transparencia, honradez y respeto que deben dar los padres de la patria.
Por consiguiente, es obvio pensar que debe estar integrada y presidida por personas probas, con una trayectoria personal y profesional impecable. Lamentablemente, la realidad es otra.
La semana pasada, todo estaba listo para que asumiera la presidencia de la misma el diputado Heber López. De repente, el vocero de su bancada, Víctor Piñán, anunció que López sería reemplazado por Henry Albañil.
“Para hacer un cambio en Ética tiene que existir una motivación, me gustaría saber cuál fue”, le dijo Arturo Alegría, del partido Fuerza Popular. Piñán respondió: “El perfil de Heber López calza más para la Comisión de Acusaciones Constitucionales porque es abogado”.
Todo era falso. Lo que ocurrió es que el diario Correo había descubierto que, en el año 2006, Pérez había sido denunciado por una Fiscalía del Cusco por el delito de violación de la libertad sexual contra un menor de 14 años. Tres años después, el proceso se formalizó. Sin embargo, en abril del 2016, el caso se archivó. Los detalles del archivamiento, por el tiempo transcurrido, se desconocen.
Cuando el medio periodístico consultó a la bancada de Obras sobre esa grave denuncia que pesaba sobre Pérez, se detuvo su designación para evitar el escándalo. Pero nadie tuvo la entereza y ética de explicar los reales motivos del desembarco.
Incluso su reemplazante, Henry Albañil, también faltó a la verdad. Dijo que el mismo Pérez había pedido su cambio, cuando muy bien sabía lo que había sucedido.
No menos grave es que el excoronel de la Policía Harvey Colchado haya sido elegido segundo secretario de la Comisión de Ética, pese a que una Fiscalía lo ha acusado por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, y ha pedido una pena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Hace dos semanas, cuando se publicó esa noticia, Colchado, conocido por su astucia, amagó que se retiraría de ese grupo. Pidió a sus miembros que ellos decidieran si se quedaba o no. Nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario, pero la acusación contra el expolicía no tiene ningún ‘trasfondo político’, como él ha querido hacer creer en las redes sociales.
La misma Fiscalía lo ha desmentido. La incriminación fiscal señala, documentadamente, que en el año 2021 Colchado ocultó, en un documento notarial, su condición de policía en actividad, para que pudiera continuar alquilando un inmueble de él a su propia institución. Asimismo, han sido denunciados los funcionarios, también policías, que permitieron ese contrato, a sabiendas que Colchado era miembro policial.
Pese a ello, se le permitió continuar en esa comisión y fue designado miembro de la presidencia. ¿Estamos ante una Comisión de Ética o una comisión antiética? Nos vemos el otro martes.
*Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores
MÁS INFORMACIÓN:
Gobierno dará trabajo temporal a personas afectadas por inundaciones en Villa El Salvador
Elmer Cuba pide disculpas por sus expresiones, tras ‘jalón de orejas’ de presidenta Keiko Fujimori
Betssy Chávez reaparece haciendo turismo en México: “Postales de libertad”
Contenido GEC