La tormenta política no dio tregua. Apenas 24 horas después de que el Congreso aprobara la censura de José Jerí con 75 votos a favor, la Fiscalía de la Nación tocó las puertas de Palacio de Gobierno.
Un grupo de fiscales, acompañado por cuatro efectivos de la Policía contra la Corrupción, acudió a la sede del Ejecutivo para requerir documentos en el marco de las investigaciones que involucran al ahora exmandatario.
Las diligencias están relacionadas con reuniones extraoficiales con empresarios chinos y con presuntas irregularidades en contrataciones de mujeres que previamente se habrían reunido con él.
El equipo fiscal ingresó por la puerta de Desamparados minutos antes de las 4:00 p.m., según se informó. En paralelo, otro registro consigna que los fiscales estuvieron en el recinto entre las 8:48 a.m. y las 11:04 a.m., centrando su intervención en la oficina de Asesoría Jurídica.
“Tenemos esta segunda diligencia, las investigaciones son reservadas y no vamos a dar mayor información”, declaró el fiscal adjunto supremo Ronal Flores, del despacho del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.
La Fiscalía solicitó la lista completa de las personas contratadas en el Despacho Presidencial desde el 10 de octubre, fecha en que Jerí asumió el cargo. También pidió precisar la modalidad de contratación y los requisitos exigidos para cada designación.
Según la carpeta fiscal, el equipo recabó los contratos suscritos con nueve mujeres que previamente se reunieron con el exjefe de Estado: Rubiel Beraún Rojas, Fiorella Melgarejo Sánchez, Alicia Camargo Leiva, Sheyla Briones Ordinola, Susana Gutiérrez Rivera, Rossmary Malpartida Ostos, María del Rosario Espinoza Díaz, Rosa Rueda Yaya e Hilda Zapata Juárez.
Además, el Ministerio Público requerirá los videos de las cámaras de seguridad para corroborar el ingreso de estas personas al recinto presidencial.
Las acciones forman parte de una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Tomás Gálvez adelantó que, tras la salida de Jerí de la Presidencia, ahora pueden realizarse diligencias como allanamientos e incluso solicitar impedimento de salida del país.
No obstante, recordó que Jerí sigue siendo congresista y mantiene la prerrogativa del antejuicio, por lo que la investigación no puede exceder los límites constitucionales.
Jerí también deberá rendir cuentas por sus reuniones con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. En un encuentro ocurrido el 31 de enero, se comprometió a entregar la relación de sus llamadas telefónicas, pero hasta el momento no ha proporcionado esa documentación, según reveló Gálvez.
El exmandatario deberá declarar el próximo 2 de marzo por este caso.
En paralelo, el congresista Segundo Montalvo solicitó reabrir la investigación por una presunta violación sexual ocurrida en 2024. La petición incluye revisar el archivo del caso y ampliar diligencias por hechos recientes que, según el parlamentario, guardarían relación con la conducta de Jerí.
En ese contexto, trascendió que Marco Antonio Cardoza Hurtado, amigo de Jerí y coacusado en el proceso, presentó un pedido para que el exmandatario sea sometido a una prueba de tumescencia peneana. Sin embargo, Gálvez aseguró que el documento presentado por la abogada Zulma Nilda Machaca Cervantes es falso y que se habría falsificado la firma de Cardoza.
“Hemos remitido el caso a la fiscalía de turno para que se investigue por presunta falsedad documental”, precisó el fiscal de la Nación interino, al aclarar que el elemento mencionado no formaba parte formal del expediente fiscal.
Así, mientras el Congreso se prepara para elegir al nuevo titular del Legislativo que asumirá la Presidencia por sucesión constitucional hasta julio de 2026, la Fiscalía avanza en un frente judicial que promete mantener a José Jerí en el centro de la escena política.
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