La salida de José Jerí ha generado una serie de interrogantes, no solo sobre las implicancias legales de su destitución, sino también respecto a los beneficios que podría recibir tras dejar el poder, entre ellos la pensión vitalicia que corresponde a los exmandatarios.
Con 75 votos a favor, el Pleno del Congreso decidió este martes 17 de febrero censurar al presidente interino José Jerí, lo que derivó en su salida inmediata del cargo. La votación se produjo tras semanas de fricciones entre el Ejecutivo y diversas bancadas parlamentarias, en un contexto marcado por constantes enfrentamientos políticos.
La decisión del Legislativo abre un nuevo escenario en la ya compleja coyuntura nacional y vuelve a poner en evidencia la fragilidad institucional que atraviesa el país, en medio de una prolongada crisis de gobernabilidad.
De acuerdo con la normativa peruana, los expresidentes constitucionales tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un congresista en actividad.
Sin embargo, este beneficio no es automático en todos los casos. La ley establece que no podrán acceder a esta pensión quienes hayan sido acusados constitucionalmente por el Congreso o sentenciados por delitos cometidos durante su mandato.
Asimismo, se sabe que la pensión vitalicia está reservada exclusivamente para los expresidentes que hayan sido elegidos por voto popular y que, además, hayan culminado el periodo constitucional para el que fueron escogidos.
En el caso de José Jerí, su situación no se ajusta a dichos criterios, ya que no llegó al poder mediante elecciones generales, sino por sucesión, y tampoco completó un mandato regular, debido a que su gestión fue interrumpida tras la decisión adoptada por el Congreso. Por lo tanto, a Jerí no le corresponde una pensión vitalicia ahora que dejó el cargo de presidente del Perú.
En el Perú, los expresidentes constitucionales tienen derecho a una pensión vitalicia financiada por el Estado, cuyo monto es equivalente a la remuneración de un congresista en funciones, es decir, S/ 15.600 mensuales. No obstante, este beneficio puede quedar en suspenso si el exmandatario mantiene acusaciones constitucionales pendientes de resolución.
Si bien algunos exjefes de Estado han gestionado apoyos adicionales tras dejar el cargo, la legislación vigente únicamente contempla de manera expresa la pensión vitalicia. Otros beneficios, como resguardo personal, asesoría o el uso de vehículos oficiales, no están regulados por ley y su otorgamiento depende de lo que determine el Parlamento.
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